El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha acordado incoar diligencias previas contra Ana María Alcalde Callejas después de la denuncia presentada por el colectivo Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), al apreciar la posible existencia de delitos de incitación al … odio y enaltecimiento del terrorismo.
La apodada barbie gaza es una conocida influencer que formó parte de la flotilla que en octubre de 2025 intentó romper el bloqueo israelí a Gaza. Aunque reside en Ceuta con su marido y sus seis hijos, tiene una fuerte vinculación con Granada, en cuya provincia tiene una vivienda.
La denuncia, según resalta ACOM, se fundamenta en una serie de publicaciones y declaraciones públicas en las que habría difundido «teorías conspirativas de carácter antisemita». También habría »negado las atrocidades cometidas por Hamás en el atentado terrorista del 7 de octubre de 2023 y justificado las acciones de esa organización terrorista».
Entre los hechos recogidos en la denuncia figura la difusión en redes sociales de un comunicado en el que supuestamente sugiere que Israel podría estar detrás del atentado contra la comunidad judía en Sídney (Australia)así como «declaraciones negando violaciones documentadas».
Asimismo, en la denuncia que ahora se investiga le achacan el haber rechazado calificar a Hamás como organización terrorista y describir la masacre terrorista del 7 de octubre de 2023, en la que hubo más de 1.200 muertoscomo «una explosión de tantos años de represión».
La demanda subraya la gravedad de los hechos al señalar que las manifestaciones atribuidas a la investigada «habrían alcanzado una notable difusión en redes sociales y en cadenas de televisión de ámbito nacional, amplificando mensajes potencialmente incompatibles con los principios básicos de una sociedad democrática».
«No estamos ante opiniones controvertidas ni ante el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. La glorificación del terrorismo y la propagación del odio. no hay derechos de hijo: son conductas que erosionan la convivencia, degradan el espacio público y ponen en riesgo los fundamentos del Estado de derecho«, destaca ACOM.
