Entre el año 2023 y el 2025 el número de reclamos en salud en las ocho EPS bajo el control del Gobierno tras ser intervenidas por la Superintendencia de Salud creció en un 51,4 por ciento. De acuerdo con los datos de esta entidad, las aseguradoras que se encuentran bajo esta medida pasaron de registrador al año 623.636 reclamos a 944.072 en el último año.
Las cifras son alarmantes y, de acuerdo con analistas consultados por EL TIEMPO, reflejan que las EPS en manos del Ejecutivo vienen presentando cada vez una mayor precariedad en la prestación de los servicios de salud, lo cual parece contradictorio ya que el objetivo de una intervención es que los indicadores mejoren en lugar de que empeoren.
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Así lo cree el exministro de Salud y director del Observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán Sarmiento: “Las ocho entidades intervenidas tienen una problemática similarlo que demuestra que esas intervenciones no fueron útiles, no han servido, eso es lo que está demostrando”.
Pacientes esperando ser atendidos. Foto:JUAN PABLO RUEDA
Según los datos de la Supersalud, al cierre de 2025 siete de las ocho EPS intervenidas presentan un crecimiento constante en las PQRS, siendo el caso más preocupante el de la Nueva EPS. Y es que nada más en el régimen contributivo, esta entidad pasó de 197.293 reclamos en salud durante todo el 2023 a 369.243 al cierre de 2025. Esto representa también un incremento en la tasa de reclamos por cada 10.000 afiliados, que pasó de ser en el mismo período de 334,71 a 617,35.
Este comportamiento es similar en el régimen subsidiado, donde las PQRS pasaron de ser 79.741 al año a 148.953, con una tasa por cada 10.000 afiliados que subió de 172,80 a 260,55.
Los datos de las demás EPS intervenidas no son más buscadores. Por ejemplo, Famisanar pasó de registrador 105.499 reclamos a 138.514, lo que implica que la tasa por cada 10.000 afiliados creció de 348,87 a 611,19.
Por su parte, SOS pasó de una tasa de reclamos de 444,87 a 631,17 por 10.000 afiliados; Savia Salud también pasó de 332,94 a 430,04; Capresoca de 227,68 a 399,50 y Emssanar de 233,32 a 276,54.
El caso de Coosalud (que al igual que Nueva EPS tiene afiliados en ambos regímenes) también es preocupante. En el subsidiado pasó de reportar 54.976 PQRS en 2023 a 79.230 en 2025, mientras que en el contributivo pasó de 4.447 a 7.817 en el mismo período de tiempo.
De todas las EPS intervenidas, la única que refleja señales de mejoría es Asmet Salud, donde el número de reclamos disminuyó de 45.164 a 31.836 entre 2023 y 2025, lo que implicó también una disminución en la tasa de reclamos por cada 10.000 afiliados de 244,16 a 211,44.
Un dato no menor es lo que está sucediendo con Sanitas, que durante los últimos meses de 2025, luego de que la aseguradora dejara de estar intervenida por el Gobierno por orden judicial, sus indicadores empezaron a mostrar mejoría luego de más de un año de incremento de quejas por parte de los usuarios.
Y es que mientras en el 2023 al mes promediaba entre 14.000 y 16.000 PQRS al mes, en 2024 e inicios de 2025, mientras estaba en manos del Gobierno, los reclamos superaban los 20.000 al mes. Sin embargo, para noviembre del año pasado bajaron a 18.490 y en diciembre se redujeron de nuevo a 15.662.
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Síntoma de la crisis
El incremento de las quejas y reclamos en salud en las EPS intervenidas es un síntoma de un empeoramiento en la prestación de los servicios de salud en estas aseguradoras y de un desfinanciamiento del sector, según lo dicen no solo expertos y analistas, sino también como se evidencia en distintos informes que dan cuenta de la crisis actual del sistema de salud.
Solo por poner un ejemplo, el aumento de las PQRS de los usuarios de la Nueva EPS concuerda con el cada vez más creciente número de clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos que están negándose a atender a estos pacientes ante la falta de pagos de la aseguradora.
A causa de esta desfinanciación, un reciente informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) encontró que las EPS intervenidas por el Gobierno son las mayores deudoras del sistema hospitalario, siendo el caso más preocupante el de la Nueva EPS, que solo entre diciembre de 2024 y junio de 2025 pasó de una deuda de 5 billones de pesos a 6,69 billones. Es decir, sus obligaciones crecieron en $ 1,7 billones, lo que representa un aumento del 33,7 por ciento.
Se suma la inestabilidad que han tenido las intervenciones, con constantes cambios en los agentes interventores, que fueron relevados por última vez hasta ahora en noviembre de 2025.
Para Galán, “recuperar eso sin estabilidad administrativa, sin gobierno corporativo, sin una cultura organizacional sólida (…) pone mucha duda sobre cuál va a ser el futuro y la recuperación posible de las EPS”.
Pacientes esperando atención en Cali. Foto:SANTIAGO SALDARRIAGA
Y agregó que el creciente malestar de los pacientes es muestra de la desfinanciación del sistema: “La peor consecuencia ya la padecen los usuarios y pacientes que han visto retrasar o dejar de recibir tratamientos, lo que se ha reflejado ya en aumento muy grande de tutelas y PQRS. Los pacientes denuncian una verdadera crisis humanitaria. Hay iliquidez en el sistema con afectación para la clínicas, hospitales, trabajadores de la salud, operadores logísticos y proveedores de medicamentos y dispositivos”.
Por su parte, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), señaló que “lo que ha pasado con estas intervenciones es tal vez la mayor demostración de la improvisación y del desconocimiento en la gestión de las EPS”. También agregó: “Parecería que la gran crisis se está concentrando en las EPS intervenidas”.
Pese a las quejas, ya que la intervención no solo busca mejorar el servicio sino también las finanzas de las aseguradoras, los mismos datos de la Superintendencia Nacional de Salud reflejan que las EPS intervenidas gastan más dinero por paciente que las que no están intervenidas, es decir, serán menos eficientes en el manejo de los recursos.
De acuerdo con los datos suministrados por la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS intervenidas registran una siniestralidad del 117,44 por ciento por cada 100 pesos recibidos (es decir, por cada $ 100 pesos que reciben se gastan casi $118). Eso, mientras la siniestralidad general del sistema se ubica en 109,53 por ciento, un indicador que confirmasegún los expertos, el deterioro sostenido en la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante los últimos tres años.
Diferentes sectores insisten en que la UPC sigue siendo insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, afirma que los análisis técnicos previos realizados por Acemi y la Andi determinaron que los costos de la salud en Colombia subieron mucho más que el 9 por ciento que incrementó la UPC. una situación que profundiza la crisis actual del sistema de salud colombiano.
MATEO CHACÓN ORDUZ – SUBEDITOR DE VIDA DE HOY
