Las deportaciones de migrantes en Estados Unidos a terceros países, una estrategia que ha crecido con Donald Trump en el poder, no solo ha sido una estrategia costosa, sino que está envuelta en serias dudas de elusión de la legislación estadounidense, escasa o nulos controles y negocios sospechosos o coerciones. con gobiernos “corruptos e inestables”.
Esas son las principales conclusiones a las que llegó un informe de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. UU. en el que aseguran que estas deportaciones se han convertido en una estrategia “central y transaccional” de la política exterior de Estados Unidos que le ha costado al país más de 40 millones de dólares para deportar a 300 migrantes, con costos de vuelo que, en algunos casos, superan el millón de dólares por persona.
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“El sistema creciente de deportaciones a terceros países es costoso, derrochador y cada vez más alejado de los principios de transparencia y responsabilidad que deben regir la diplomacia estadounidense”, se lee en el documento de 30 páginas presentado por el ala demócrata que conforman esta comisión del Senado.
Alrededor de 250 venezolanos fueron enviados a una prisión en El Salvador. Foto:internacional
En el informe señalan que, de los 40 millones, al menos 32,3 millones millones se han entregado directamente a los gobiernos para “incentivarlos” a que acepten recibir migrantes de terceros países. Los países que han recibido son:
No hay pruebas de que el Departamento de Estado esté monitoreando cómo se utilizan los fondos, siguiendo el trato a los deportados o haciendo cumplir los términos de los acuerdos.
- Guinea Ecuatorial, con 7,5 millones de dólares.
- Ruanda, con 7,5 millones de dólares.
- Palau, con 7,5 millones de dólares.
- Esuatini, con 5,1 millones de dólares.
- El Salvador, con 4,76 millones de dólares.
El dinero restante se destinó en vuelos para trasladar a migrantes a al menos diez terceros países (7,2 millones de dólares), así como gastos de alojamiento en una base militar en Yibuti (307 mil dólares).
Costos de desortación a terceros países por parte de EE.UU. UU. Foto:COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL SENADO de EE.UU. UU.
Pero la comisión advierte que la cifra podría ser mucho mayor, pues no incluyen costos como las horas de espera de los aviones en la pista, el reabastecimiento de combustible, el pago de la repatriación, hoteles, entre otros.
Asimismo, señalan que, solo en los vuelos, que generalmente son en aviones militares, se destinan cerca de 32.000 dólares por hora, para un total de al menos 7,2 millones de dólares en viajes a diez países.
De los 300 inmigrantes deportados a países que no son los suyos, 250 son los ciudadanos venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025, y el resto, 51 personas cuya nacionalidad no se establece, fueron enviadas a otros tres países: Esuatini (15), Guinea Ecuatorial (29) y Ruanda (7).
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Uno de estos casos es el de un ciudadano de Jamaica el cual fue deportado a Esuatini en un viaje que costó 181.000 dólares, solo para, semanas después, volar más de 11.000 kilómetros de vuelta a Jamaica en un vuelo financiado por el gobierno estadounidense.
Países con acuerdo de deportación a terceros países con EE.UU. UU. Foto:COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL SENADO de EE.UU. UU.
Envíos innecesarios a terceros países
Más allá del costo, el informe cuestiona la necesidad misma de muchos de estos traslados. El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido que las deportaciones a terceros países son imprescindibles porque los países de origen “se niegan” a recibir a sus ciudadanos. Sin embargo, la comisión concluye que esa afirmación “no se sostiene con la evidencia disponible”.
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Según el documento, en varios casos los gobiernos de origen aceptaron el retorno de sus nacionales semanas o meses después de haber sido enviados a otro país. De hecho, en conjunto, más del 80% de las personas deportadas a un tercer lugar ya regresaron o están en proceso de regreso a su país de origen.
El sistema creciente de deportaciones a terceros países es costoso
En otras situaciones, las autoridades estadounidenses no habrían solicitado un tiempo la documentación necesaria o no habrían dado el plazo suficiente para tramitarla. “Muchos podrían haber sido devueltos directamente a su país de origen si la Administración hubiera seguido los procedimientos habituales de expulsión”, señala el informe.
El resultado es que el Gobierno terminó pagando dos veces: primero para trasladar a los migrantes a un tercer país y después para repatriarlos finalmente a su nación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto:AFP
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Para los senadores demócratas, esto demuestra que la política no responde a una imposibilidad real de repatriación, sino a una estrategia de coerción a los migrantes. De hecho, el informe recoge declaraciones de funcionarios que describen el sistema como un “costo mecanismo de intimidación” destinado a desalentar solicitudes de asilo o incluso promover la autodeportación.
Falta de verificación y control
Otro de los hallazgos centrales es la ausencia de supervisión sobre el uso adecuado de los 32 millones de dólares destinados a asistir a los deportados.
Muchos podrían haber sido devueltos directamente a su país de origen si la Administración hubiera seguido los procedimientos habituales de expulsión.
“No hay pruebas de que el Departamento de Estado esté monitoreando cómo se utilizan los fondos, siguiendo el trato a los deportados o haciendo cumplir los términos de los acuerdos”, advierten al señalar que, por la naturaleza de las transferencias directas, es casi imposible rastrear si los fondos estarían facilitando abusos, corrupción o detenciones arbitrarias.
Migrantes deportados de Estados Unidos. Foto:X: @CancilleriaCol
Las dudas no se limitan al dinero. Muchos de los memorandos de entendimiento incluyen compromisos genéricos de respeto a los derechos humanos. Pero la comisión afirma que no existe un sistema claro para verificar que esas promesas se cumplan en la práctica. En al menos un país, funcionarios estadounidenses dijeron al Senado que recibieron instrucciones de “no dar seguimiento” al trato que estaban recibiendo los deportados.
En procedimientos judiciales citados por el informe, incluso abogados del propio Gobierno admitieron que Estados Unidos “no tiene la capacidad de decirle” a un tercer país qué hacer con las personas una vez llegan a su territorio.
El informe también advierte que “la Administración no está siendo transparente con el Congreso” ni con la ciudadanía “sobre el alcance de las negociaciones”, en las que podrían estarse ofreciendo concesiones adicionales, presiones comerciales como aranceles o compromisos paralelos, para asegurar la cooperación de los países receptores.
El creciente sistema de deportaciones a terceros países es costoso, derrochador y cada vez más alejado de los principios de transparencia y responsabilidad que deben regir la diplomacia estadounidense.
Ante este panorama, los senadores concluyen que las deportaciones a terceros países se han convertido en operaciones “caras e ineficientes” que financien “a gobiernos corruptos sin supervisión adecuada” y eluden en algunos casos la legislación. Lejos de ser una medida excepcional, estas deportaciones buscan generar impacto político y miedo entre los migrantes, aunque ello implica gastar decenas de millones de dólares en traslados evitables.
