Editorial
Es evidente la cascada de distorsiones e ilegitimidades originadas por la reacción en cadena de discrecionalidades, tolerancias convenencieras y farsas despóticas.
Para hoy está anunciada la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad por parte de un Consejo Superior Universitario incompleto y adulterado, del cual una treintena de integrantes tienen cargos vencidos, que desde hace un año desacata la orden de renovación emitida por la Corte de Constitucionalidad. Constituye una intolerable contradicción que no solo contraviene el espíritu fundamentalmente democrático de la Carta Magna, sino que anula el sentido del mismo proceso de votación y lo exponen a deslegitimación, impugnaciones y, por ende, debilitamiento de la institucionalidad.
Para mayor señal, la pretendida votación se celebra fuera de cualquier instalación universitaria. El CSU, encabezado por el cuestionado rector Walter Mazariegos, anunció semanas atrás una encerrona en un hotel de Antigua Guatemala, entidad que está en todo su derecho de obtener un ingreso económico, pero que también pudo reservarse el derecho de admisión, por respeto y amor a Guatemala, a fin de no ser escenario cerrado de un acto que debía ser público o cuando menos democrático.
Este tipo de jugarretas de apariencia legaloides solo refleja el cuatrienio padecido por la Usac, a manos de un rector que se valió de exclusiones para llegar al cargo y de un combo de adláteres que propiciaron medidas para alargar su permanencia en los cargos. Pervirtieron el concepto de autonomía universitaria que jamás pudo usarse para apañar oscuras connivencias, pero cuyo maquiavélico objetivo está hoy a la vista. Para resolver este conflicto laberíntico superior universitario es necesario, primero, efectuar los procesos transparentes y ágiles de elección de representantes de facultades, catedráticos y cuerpos profesionales faltantes; es decir, cumplir la orden de la CC.
Proteger la solidez institucional de la República de Guatemala es el único objetivo de esta renovación. El solo desacato, durante tantos meses, que incluye el bloqueo a la toma de posesión de algunos representantes electos, ya es un posible indicio delictivo. Sin embargo, a diferencia de otros casos, el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras ha permanecido al margen de cualquier acción de oficio para velar por el estricto cumplimiento de la orden del máximo tribunal.
Este prolongado silencio se convierte en espada de Damocles sobre la fiscal general, Consuelo Porras, quien hace 10 días presentó su expediente ante el dudoso Consejo Superior Universitario para aspirar a una magistratura titular o suplente, lo que caiga. El conflicto de intereses es evidente y el fin de semana se agitaron los rumores acerca de las implicaciones que tendrían el aval o el desplante del CSU. En todo caso, cualquier proceso por desacato ya es tardío a estas alturas porque ya ha generado un embrollo contradictorio y desgastante. Y sin embargo, es peor la impunidad, por el pésimo precedente que deja.
La propia Corte de Constitucionalidad debía —y debe— pronunciarse para exigir el cumplimiento de la orden previa, cuyo desacato invalidaría lo accionado por un cuerpo institucional incompleto, falsificado, desprovisto de la representatividad democrática que emana de la participación académica estudiantil, docente y profesional en su conjunto. Claro que la aspiración a la reelección de una magistrada constitucional, que también se postuló ante el CSU ilegítimo, es parte del ruido de fondo de este proceso. En todo caso, es evidente la cascada de distorsiones e ilegitimidades originadas por la reacción en cadena de discrecionalidades, tolerancias convenencieras y farsas despóticas.
