En octubre de 2023 el actual gobierno ingresó al Parlamento su propuesta de Ley de Incendios Forestales y recién iniciando el 2026, tras más de dos años, y aunque no exenta de controversias fue aprobado en el Senado y pasó al tercer y último trámite. La iniciativa enfocada en prevenir, mitigar y fiscalizar la ocurrencia de incendios tiene como principal objetivo fortalecer los instrumentos de gestión, establecer franjas de protección en zonas de interfaz urbano-rural y limitar el cambio de uso de suelo tras incendios (punto que no fue aprobado en el Senado y, por tanto, eliminado del texto que pasa a trámite final).
En los últimos 15 años, el país ha sufrido en promedio entre 6.000 y 7.000 incendios por temporada, de los cuales un amplio porcentaje tiene origen en la negligencia o la intencionalidad, dando cuenta de que el principal responsable de la pérdida de terrenos cultivables, de flora y fauna nativas y, peor aún, de vidas humanas tiene relación justamente con las personas. La pregunta es, entonces, ¿la ley en tramitación es suficiente para prevenir significativamente la ocurrencia de incendios forestales y reducir el impacto en términos humanos, sociales, ambientales y económicos?
La ley exige definir zonas de alto riesgo y crear áreas de amortiguación para frenar incendios, imponiendo responsabilidades a los propietarios y reforzando la fiscalización de Conaf y otros organismos. Sin embargo, los especialistas señalan que estas se centran más en mitigar el impacto de los incendios que en prevenirlos, aumentando las sanciones por incumplimientos, pero sin medidas educar sobre la prevención.
Aunque la propuesta de ley incorpora mejoras sustanciales basadas en la experiencia adquirida durante los recientes megaincendios, es esencial avanzar más allá del marco actual para abordar el origen de la problemática. En primer lugar, se requiere una redefinición del paradigma de gestión, orientándose desde una cultura reactiva hacia una estrategia enfocada en la prevención. Esta transición conlleva dejar de considerar los recursos asignados a incendios como gastos operativos de emergencia, para comprenderlos como inversiones estratégicas, lo que exige garantizar el financiamiento permanente necesario para implementar acciones preventivas sostenidas a largo plazo.
En segundo lugar, el éxito de esta normativa depende de una articulación institucional robusta. No basta con la voluntad de organismos aislados; se requiere un ecosistema donde todas las entidades del Estado encargadas de la gestión de riesgos trabajen en sinergia con el sector privado. Esta colaboración debe materializarse en programas de educación ciudadana, un monitoreo constante de las zonas críticas y la implementación de cortafuegos técnicos que no solo protejan el ecosistema, sino que garantizan la seguridad y permanencia de las comunidades locales.
Finalmente, la ley debe establecer una regulación clara y específica para las zonas de interfaz urbano-rural. La simple definición de límites o la construcción de barreras físicas es insuficiente si no se aborda la complejidad de la convivencia en estos territorios. Es fundamental dictar medidas que armonicen la producción forestal con la vida comunitaria, promoviendo un ordenamiento territorial que cuide el suelo compartido y minimice la vulnerabilidad de quienes habitan en la frontera entre lo silvestre y lo urbano.
Vivian Modak
Consejera
Consejo de Políticas de Infraestructura
