La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobado este 17 de febrero de 2026 el informe para segundo debate de la Ley Orgánica para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La decisión, adoptada con seis votos a favor, dos en contra y una abstención, deja el futuro de la norma en manos del pleno.
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El proyecto, enviado con carácter urgente por el presidente daniel noboabusca establecer límites y criterios obligatorios para el manejo presupuestario de municipios y prefecturas en todo el país.
Una votación marcada por la polarización
La sesión virtual reflejó la división política que ha acompañado el trámite desde el primer debate, realizado el 14 de febrero. La bancada oficialista ADN y sus aliados respaldaron el informe, mientras que Revolución Ciudadana votó en contra y mantuvo sus cuestionamientos de fondo.
El documento será remitido al presidente de la Asamblea, Niels Olsenquien deberá convocar al pleno para el debate definitivo, en el que se resolverá si la propuesta se aprueba o se archiva.
Regla 70/30 con aplicación progresiva
El eje central del proyecto es la denominada regla fiscal 70/30. Esta disposición obliga a los GAD a destinar el 70 % de su presupuesto a inversión y solo el 30 % a gasto corriente.
Sin embargo, el texto aprobado incorpora una clave de ajuste frente a la versión inicial. La meta no será exigible de forma inmediatasino que se aplicará de manera gradual hasta 2028. Con ello, la comisión buscó suavizar el impacto financiero en los gobiernos locales y atender observaciones planteadas en las comparaciones del 16 de febrero.
Oficialismo apela a informes de Contraloría
Los asambleístas oficialistas defendieron la urgencia de la ley con base en hallazgos de la contraloría General del Estado y del Ministerio de Finanzas. Desde esa bancada se argumentó que existen desvíos de recursos hacia actividades no prioritarias, mientras permanecen obras inconclusas.
En la exposición se mencionaron cifras que influyeron en la decisión de la mayoría. En la provincia de El Oro, 18 auditorías derivaron en 26 indicios de responsabilidad penal. Pichincha registra 17 indicios y Guayas, 8. Para el oficialismo, estos datos evidencian la necesidad de mayor control y disciplina fiscal.
La norma contempla que el Ministerio de Economía realice una vigilancia trimestral del gasto, con el fin de garantizar que los recursos se orienten principalmente a inversión.
Oposición dice que habrá afectación a la autonomía
La bancada de Revolución Ciudadana reiteró su rechazo al proyecto y lo calificó de inconstitucional. Sus legisladores sostuvieron que la iniciativa representa un golpe a la descentralización y vulnera la autonomía financiera de los gobiernos locales.
Además, señalaron que el Estado mantiene deudas históricas con los GAD y que requieren mayores niveles de inversión sin saldar esas obligaciones podrían obligar al cierre de servicios sociales.
El segundo debate en el Pleno definirá el destino de la ley. Aún no se ha hecho la convocatoria para su tratamiento.
