La Justicia del Reino Unido ordenó a la República Argentina entregar información financiera y contractual vinculada con activos en el exterior, en el marco de la ejecución de una sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de euros a tenedores de bonos atados al crecimiento económico, conocidos como Cupones PBI en euros. La medida forma parte del proceso de localización de bienes susceptibles de embargo para garantizar el cumplimiento del fallo.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior de Londresque en 2023 condenó a la Argentina a abonar el equivalente a aproximadamente USD 1.500 millones, suma que incluye capital e intereses. El litigio fue iniciado por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que cuestionaron la modificación en la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) implementada en 2013.
El reclamo judicial se originó a partir de cambios introducidos durante la gestión presidencial de Cristina Kirchnercuando Axel Kicillof se desempeñaba como ministro de Economía. Según los demandantes, las alteraciones en la base de cálculo del PBI redujeron los pagos vinculados a los cupones emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Los Cupones PBI Fueron diseñados como instrumentos adicionales atados al crecimiento económico. Establecían pagos extraordinarios a los bonistas si la expansión anual superaba determinados umbrales. La controversia se centró en el cambio metodológico aplicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que modificó la base de cálculo y reportó una variación inferior al nivel necesario para activar el pago.
El proceso de descubrimiento y la búsqueda de activos.
La orden reciente se inscribe en el procedimiento denominado descubrimiento, una instancia procesal orientada a identificar activos que puedan ser embargados para ejecutar una sentencia firme. En este contexto, la Corte británica dispuso que el Estado argentino debe revelar contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y datos sobre cuentas bancarias en el exterior.
Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, señaló a través de la red social X que la Corte londinense “ordena a la república argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias entre otros ítems. Esto ocurre dentro del descubrimiento por activos argentinos en el caso Cupón PBI en Euros”.
La información solicitada busca determinar si existen bienes o derechos de la Argentina fuera de su territorio que puedan ser alcanzados por medidas de embargo. Este tipo de diligencias se utiliza cuando el deudor no cumple voluntariamente con una sentencia y los acreedores procuran identificar activos ejecutables en distintas jurisdicciones.
Garantía ejecutada y saldo pendiente
Durante el proceso judicial, la Argentina había depositado una garantía por 313 millones de euros para apelar el fallo. Tras la desestimación del recurso, los beneficiarios ejecutaron esa garantía en febrero de 2025. La misma había sido constituida mediante una carta de crédito emitida por el banco santander. Aunque no se difundió la composición exacta del respaldo, los especialistas estimaron que estaba integrado por efectivo o instrumentos de pago inmediato.
Con la ejecución de esa suma, aún restan aproximadamente 1.000 millones de euros pendientes, según datos informados por la Procuración del Tesoro. El organismo ubicó este litigio como el quinto de mayor monto que enfrenta el país en el exterior.
Los acreedores sostienen que la República Argentina no coopera con las medidas destinadas a ejecutar la sentencia y que tampoco abona los intereses diarios acumulados sobre el monto adeudado. Además, plantearon que el país debería resolver atrasos vinculados con emisiones anteriores antes de intentar regresar a los mercados internacionales de capital.
Antecedentes del conflicto por el cálculo del PBI
El origen del conflicto se remonta a la intervención del Indec en 2007cuando el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Morenoimpulsó cambios en la medición de variables económicas, entre ellas la inflación. Posteriormente, en 2013, el organismo modificó la base de cálculo del PBI.
Con la nueva metodología, el crecimiento informado quedó por debajo del umbral de 3,22% necesario para activar el pago de los Cupones PBI. Bajo la base anterior de 1993, la expansión habría alcanzado el 4,9%. Esa diferencia impactó directamente en la obligación de pago a los tenedores de los instrumentos atados al crecimiento.
El Gobierno argentino había suspendido los desembolsos en 2011, cuando la economía dejó de registrar incrementos superiores al 3%. Sin embargo, los fondos demandantes argumentaron que la modificación metodológica aplicada en 2013 afectó sus derechos contractuales y redujo de manera indebida los montos a percibir.
Referencias del FMI y posición de los demandantes
En agosto, un informe técnico del Fondo Monetario Internacional mencionó conversaciones entre la Argentina y los acreedores en torno al litigio. No obstante, los beneficiarios del fallo negaron la existencia de negociaciones formales.
En una carta difundida por PR Newswire, los demandantes afirmaron: “No hay negociaciones en curso entre ellos y la República”. Asimismo, informe al organismo multilateral que consideran incorrectas ciertas afirmaciones incluidas en el informe técnico y solicitaron su actualización.
La controversia sobre la existencia o no de tratativas se produjo mientras avanza el proceso de identificación de activos en el exterior. el descubrimiento ordenado por la Justicia británica podría derivar en nuevas medidas si se detectan bienes embargables bajo jurisdicción extranjera.
Impacto jurídico y financiero
La condena por los Cupones PBI se suma a otros litigios internacionales derivados de la reestructuración de deuda y de decisiones económicas adoptadas en años anteriores. De acuerdo con la Procuración del Tesoro, el caso figura entre los de mayor exposición económica para el Estado argentino.
La obligación total reconocida por la justicia británica asciende a 1.330 millones de euros más intereses. Tras la ejecución parcial de la garantía, el saldo continúa generando intereses diarios. El cumplimiento de la sentencia depende de la disponibilidad de recursos y de eventuales acuerdos entre las partes.
El proceso judicial en el Reino Unido continúa en etapa de ejecución. La entrega de información ordenada por el tribunal constituye un paso adicional en la búsqueda de activos que permitirá a los acreedores satisfacer el crédito reconocido en la sentencia.
Mientras tanto, el caso mantiene su relevancia dentro del conjunto de litigios que enfrenta la Argentina en tribunales extranjeros y que inciden en la situación financiera y en las perspectivas de acceso a financiamiento internacional.
