Una ampliación de la ofensiva de Trump contra la inmigración legal e irregular. Los refugiados en Estados Unidos deberán regresar a custodia gubernamental para una “inspección y examen” un año después de su admisión en el país, según un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fechado el 18 de febrero y presentado ante un tribunal federal.
De esta manera, el Gobierno otorga a los agentes de inmigración mayores facultades para detener a refugiados legales que esperan la residencia permanente con el fin de someterlos a una nueva revisión.
“Este requisito de detención e inspección garantiza que los refugiados sean reexaminados después de un año, alinea la verificación posterior a la admisión con la aplicada a otros solicitantes y promueve la seguridad pública”, indicó el DHS en el documento.
Según la legislación estadounidense, los refugiados deben solicitar el estatus de residente permanente legal un año después de su llegada al país. Sin embargo, de acuerdo con el nuevo memorando, las autoridades migratorias estarían autorizadas a detener a las personas durante todo el proceso de reinspección.
Un memorando anterior, emitido en 2010, establecía que no obtener la residencia permanente no constituía “motivo” de expulsión ni “base adecuada” para la detención.
El DHS no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters fuera del horario laboral habitual.
Críticas de organizaciones
Shawn VanDiver, presidente de AfghanEvac, calificó la directiva como “una reversión imprudente de una política de larga data” que “traiciona la confianza de personas que Estados Unidos admitió legalmente ya quienes prometió protección”.
La organización HIAS, antes conocida como la Sociedad Hebrea de Ayuda a los Inmigrantes, afirmó que la medida “causará un grave perjuicio a millas de personas que fueron acogidas en Estados Unidos tras huir de la violencia y la persecución”.
La agenda migratoria de línea dura fue uno de los ejes de la campaña que contribuyó a la victoria de Trump en las elecciones de 2024.
El número de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó alrededor de un 75% en comparación con el momento en que Trump ejerció el cargo en 2025. Desde entonces, unas 68.000 personas han sido detenidas bajo su mandato.
En enero, un juez federal suspendió temporalmente una política impulsada por la administración Trump que afectaba a unos 5.600 refugiados legales en Minnesota que esperaban la residencia permanente.
En una decisión por escrito, el juez federal John Tunheim, con sede en Minneapolis, señaló que es probable que agentes federales hayan infringido varias leyes al detener a algunos de estos refugiados para someterlos a controles adicionales.
Contra Reuters
