Y de pronto, se alinearon los planetas para la cúpula sindical argentinaque nuevamente se siente con fuerza para convocar a un paro nacional. Tras meses de sufrir reproches desde izquierda y derecha, con baja capacidad para convocar militantes y con su representatividad cuestionada, se había resignado a ser un espectador más en el debate sobre la reforma laboral.
Fue así que tras la votación de la ley en el Senado -una jornada en la cual sólo protestaron los sectores de izquierda mientras la CGT se limitó a emitir un comunicado- volvieron a circular los reproches de tibieza y las ironías respecto de que la sigla CGT ahora significa “Confederación General de Twitter”.
Y las críticas no se limitaban al reclamo de una actitud más combativa. También hubo insinuaciones sobre una negociación entre la cúpula sindical y el gobierno. Concretamente, la acusación era que la CGT se limitó a hacer una oposición “testimonial” y sin consecuencias políticas a cambio de que el gobierno retirase el artículo que eliminaba la “cuota solidaria” que se les descuenta a los asalariados, aun cuando no estén afiliados al gremio.
Sin embargo, en el lapso de pocos días, el panorama cambió de tal forma que esa misma dirigencia sindical que se sentía sin capacidad de convocatoria, ahora decidió ponerse al frente de la resistencia contra la reforma laboral nada menos que con la organización de un paro general nacional.
La CGT, en busca de nuevo protagonismo
Para que eso ocurriera, confluyeron situaciones inesperadas fuera y dentro de la sede sindical de la calle Azopardo. Para empezar, esta vez la cúpula de la CGT se asegura de antemano que contará con la adhesión del gremio transportista, un factor crucial para garantizar el éxito de cualquier paro.
De hecho, esa desavenencia interna había llevado al fracaso de los últimos dos paros. Primero, el del 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de pablo moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectivos estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.
El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.
El segundo para de baja adhesión se produjo en abril del año pasado, cuando en medio de las protestas por las jubilacioneslos dirigentes de la CGT se sintieron presionados a hacer una demostración de fuerza. Pero no lograron evitar la presencia de colectivos, lo cual dejó como resultado otra protesta floja.
Finalmente, la otra experiencia frustrada fue la jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de modernización, que tuvo una asistencia discretapese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. Para ese entonces, ya había asumido el nuevo triunvirato.
Ese día, los dirigentes de las facciones más combativas propusieron convocar a una huelga desde el momento que se iniciara el debate en el Congreso, algo que no contó con apoyo en la cúpula.
Era una postura que parecía contrastar con la actitud cautelosa de la nueva cúpula. Jorge Solá, uno de los nuevos triunviros, había dejado en claro su vocación negociadora.
“No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los trabajadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales”, fue la definición del dirigente.
Errores no forzados
Desde el punto de vista del gobierno, esa división entre sindicalistas duros y tibios suponía una oportunidad política. Ante cada movilización sindical de convocatoria discreta, los funcionarios destacaban que esa jornada había sido “un día normal”. Y Javier Mileien plena negociación con la oposición peronista, hizo jugar todas esas situaciones a su favor, argumentando que los paros era la expresión de los “sectores retrógrados que se niegan a perder privilegios”.
¿Cómo fue que una oposición sindical que parecía irrelevante se erigió de pronto en una amenaza política seria, con capacidad de paralizar el país el día en que el texto de la ley entra a la cámara de Diputados? Hubo una serie de “errores no forzados” del gobierno que ayudaron a que la oposición ganara fuerza.
Para empezar, el efecto de los descuentos en las licencias por enfermedad. Fue un agregado de último momento, cuya autoridad nadie se atribuyó, y que terminó enojando al propio bloque legislativo del oficialismo. El tema es de alta sensibilidad social, algo de lo que el gobierno se notificó cuando vio que, de todas las reformas incluidas en la ley, la que centraba toda la atención mediática era la de las licencias.
De hecho, el propio Toto Caputo se quejó por la escasa repercusión que habían tenido los artículos de rebaja de costos para los empresarios en la contratación de nuevos empleados.
Originalmente, el tema que se había planteado era sólo un sistema de auditorías para los casos de enfermedades por tiempo prolongado, para evitar lo que Patricia Bullrich denominó “la mafia de los certificados truchos”. Pero no estaba previsto que se incluyera el descuento del 50% por diario para un empleado que se accidentara jugando al fútbol un domingo.
La sucesión de “marchas atrás” -primero anunciando una revisión de los descuentos, y luego su eliminación completa– dejó en evidencia un error de cálculo político. La negativa de los aliados de Milei fue tan terminante que se llegó a temer por la supervivencia de toda la reforma.
Un cambio de clima
Pero, además, hubo otras noticias desde el plano de la economía que también le jugaron en contra al gobierno y le dieron fuerza a la oposición. Ya se había caldeado el clima con el inesperado 2,9% de la inflación de enero y la casi certeza de que habrá alta inflación también en febrero y marzo -con el agravante de que se encarecieron más las canastas que marcan las líneas de pobreza e indigencia-.
En medio del debate por la inflación alza, estuvo la polémica por el frustrado cambio de metodología del Indec, que llevó a que la CGT avisara que sus asesores económicos prepararían un índice propio para tomar como referencia en las negociaciones salariales.
También hubo críticas a la iniciativa del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), porque los economistas críticos dan por descontado que esa “caja” formada con aportes obligatorios de las empresas terminará siendo un financista involuntario del Tesoroante la creciente necesidad de Caputo por fondear las arcas estatales.
Y, cuando parecía que ya no podía haber más polémicas, con un sugestivo “momento” se anunció el cierre de Fate, lo cual puso otra vez sobre el tapete la polémica que se había generado a fin de año con la suspensión de la producción en Torbellino.
En este momento, el talón de Aquiles del gobierno es la velocidad de la pérdida de puestos de trabajo en la industria -que está usando, en promedio, apenas un 53,8% de su capacidad instalada, y con casos extremos como el automotor, donde el uso es de sólo el 31% de la planta-.
El caso de Fate excede largamente la situación específica de los neumáticos y pone en cuestión toda la política de apertura a las importaciones, lo cual deja a la oposición con mayor fuerza para argumentar contra la flexibilización contractual que propone la reforma laboral.
Buscando aliados
En definitiva, los hechos de la última semana supusieron, para la CGT, una inesperada inyección de fortaleza política. De forma que no solamente se animó a la convocatoria al paro, sino que aspira a influir en el debate parlamentario.
Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con camaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.
Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno, creen que hay otros. puntos que aumentan la conflictividad. Entre ellos se encuentra las alteraciones del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la “ultraactividad” -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.
