El Pleno del Congreso debatirá hoy si se amplia la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinformar) hasta el año 2027. La iniciativa ha sido impulsada por la bancada de Podemos Perúcuyo líder, José Luna Gálvezha asegurado que su objetivo es “atender a millas de mineros artesanales y ancestrales para que puedan continuar con su proceso de formalización”.
El congresista confirmó que la propuesta de la Comisión de Energía y Minas ha sido priorizada en la Junta de Portavoces, argumentando que la extensión del plazo es una medida de urgencia ante lo que considera una “negativa de las autoridades de enfrentar la problemática minera” de fondo, y que la ampliación busca corregir una “injusticia” del Decreto Legislativo 1293, que habría dejado fuera del registro a más de 50.000 trabajadores del sector.
LA VERDAD DETRAS
Sin embargo, lo que se olvidó de mencionar el parlamentario, es que, los verdaderos beneficiarios son aquellos que mal utilizan la pequeña minería para finos ilícitos.
Luna busca capitalizar votos para su candidatura a la presidencia en 2026. Otro que ha estampado su firma de respaldo al proyecto es el congresista de izquierda Roberto Sánchez, quien también quiere conseguir el sillón presidencial con Juntos por el Perú.
La propuesta apunta a que los 50.000 mineros informales excluidos —porque en cuatro años no realizaron trámites para su formalización— sean reincorporados junto a los 30.000 que tienen vigente su Reinfo.
Pero lo peor es que se quiere suspender las facultades del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para supervisar y, de ser el caso, retirar a los mineros que no cumplen los requisitos —como incumplir las responsabilidades ambientales y efectuar la explotación en áreas no permitidas— hasta que la Ley MAPE sea promulgada.
En otras palabras, quieren otorgarles impunidad a los mineros informales.
LO QUE DICE LUNA
Luna Gálvez advirtió que la prórroga del Reinfo es solo una solución temporal. “Se necesita una nueva ley de minería, que respete la posesión ancestral y tomar decisiones sobre las concesiones ociosas, extensos territorios concesionados que ni siquiera han sido explorados”, indicó el parlamentario.
Para alcanzar una solución definitiva y estructurada al sector, el congresista planteó dos puntos esenciales en su hoja de ruta. En primer lugar, se requiere un diagnóstico exhaustivo de la actividad minera a nivel nacional a través de un gran censo minero nacional. Este debería realizarse con la articulación del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el Viceministerio de Minas y el INEI. El levantamiento de información permitiría identificar con precisión el alcance de las grandes empresas formales y, de igual modo, ubicar a los pequeños, medianos y mineros ancestrales, con el fin de ordenar el sector y diseñar políticas diferenciadas.
Una vez obtenido el diagnóstico, la segunda fase implica convocar a una mesa de diálogo multisectorial que incluya a todos los actores involucrados, buscando consensos para hacer viable una reforma de la legislación minera.
Pese a esto, la realidad que se observa es otra.
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