La jueza estadounidense Loretta Preska volvió a fallar en contra de la Argentina en el juicio por el incumplimiento del estatuto de YPF al momento de la expropiación: ahora rechazó el pedido del Gobierno para suspender el “descubrimiento“la etapa de investigación patrimonial y búsqueda de bienes a tiro de un embargo.
Así, sigue en pie la presión económica y mediática de Burford Capital para explorar un acuerdo con el Gobierno, mientras intenta persuadir a los funcionarios de la conveniencia de pagar o, de lo contrario, podrían bloquear la vuelta a los mercados internacionales de deuda y minar el capital político de Javier Milei.
La Procuración del Tesoro Nacionala cargo de la defensa de los intereses del Estado, apelará el fallo de Preska en Nueva York, Estados Unidos y pedirá un “permanecer” (suspensión). El Gobierno considera que las diferencias con los demandantes son irreconciliables y que se llegó a un punto en el que es imposible ponerse de acuerdo, ya que la Argentina cumplió con la entrega de documentos y asegura que no se encontraron elementos de prueba para sostener la acusación.
El “descubrimiento” había sido solicitada por los demandantes (las sociedades que administran la quiebra de las firmas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, financiadas por Burford Capital).
Los beneficiarios del fallo por 16.100 millones de dólares más intereses, que ya acumulan otros US$ 2.100 millones adicionales, quieren saber dónde está el oro del banco central y contabilizar otros bienes de empresas y organismos públicos como YPF, Energía Argentina (Enarsa), el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Arsat.
También accedieron a información de comunicaciones privadas de decenas de funcionarios y ex funcionarios para intentar probar que esas compañías funcionan como “álter ego” del Estado nacional y que las distintas administraciones gubernamentales usaron su poder político para influir en las decisiones de inversiones y precios, algo que hasta ahora no se comprobó.
El fallo de Preska llega mientras continúa la espera por la sentencia de la Corte de Apelaciones sobre el caso de fondo, que es el fallo que condenó en septiembre de 2023 al Estado a pagar los US$ 16.100 millones.
Se especula que la decisión podría conocerse en cualquier momento de este primer semestre del añoluego de la audiencia que tuvo lugar a multas de octubre de 2025. Hasta entonces, el Gobierno no negociará, y muy probablemente una de las partes concurra a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos si no queda conforme con el fallo de apelación.
El caso YPF es el principal activo individual de Burford Capital: en sus balances lo valúan contablemente -lo cual no refleja su valor efectivo real- en más de US$ 1.500 millones y representa una porción sustancial de su cartera global de litigios.
En los últimos años, ex ejecutivos del HSBC comandados por Gerardo “Gerry” Mato realizó gestiones en la Argentina para explorar alternativas de acuerdo y explicar el esquema financiero detrás del reclamo, sin éxito.
El próximo jueves 26 de febrero, Burford presentará sus resultados trimestrales. Como ya ocurrió en otras conferencias con inversores, su CEO probablemente deba responder preguntas sobre el avance del caso YPF, el estado del descubrimiento y las perspectivas de cobro.
