Frente común de todos los presidentes autonómicos del PP contra el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar a más de medio millón de inmigrantes. Todas las autonomías controladas por los populares han presentado las mismas alegaciones contra el decreto, aunque tienen pocas esperanzas de que el Gobierno las incorpore al texto final. El decreto que aprobará el Ejecutivo está aún en fase de tramitación y pendiente del informe del Consejo de Estado antes de que se eleve al Consejo de Ministros.
En todo caso, el documento de alegaciones, al que ha tenido acceso La Vanguardia incluye nueve puntos que sirven de argumentos para mostrar el rechazo a la regularización ya un decreto que no requiere ser aprobado por el Congreso, aunque luego sí que cabe interponer recurso ante el Tribunal Supremo.
El PP ve “deficiencias” en la comprobación de antecedentes penales y policiales de los inmigrantes
Entre los argumentos esgrimidos por el PP, aparecen tanto de carácter formal como material. En este sentido, el documento de los populares argumenta la “improcedencia de la tramitación urgente” del decreto, ya que “no se trata de una situación sobrevenida” y, por tanto, no hay causa que pueda justificar esta vía normativa y, además, se hurta el “debate parlamentario”. Cabe decir que las seis anteriores regularizaciones llevadas a cabo por los gobiernos de PP y PSOE salieron adelante principalmente a través de un real decreto.
Otra de las cuestiones que se plantea es la “incompatibilidad” con la legislación europea, concretamente con el Pacto Europeo de Migración y Asilo y con el acervo Schengen, ya que la regulación comunitaria se fundamenta “en el control efectivo de las fronteras exteriores y un sistema de retorno creíble”, algo que se “desdibuja” con esta iniciativa porque se incentivan “desplazamientos” desde otros estados miembros hacia España”.Además, se “vulnera” el principio constitucional de “jerarquía normativa” porque el decreto pretende regular “materias reservadas a la ley”, como la “suspensión de procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión” y se “vulnera el principio de lealtad institucional y omisión de la Conferencia Sectorial de Inmigración”, que permitiría “consensuar la oportunidad de la medida, el alcance, los criterios, el calendario y la financiación”.
Este punto último entra con otros dos de los argumentos que da el documento del PP por el impacto que va a tener la medida decretada por el Gobierno en las autonomías: no se cuantifica a cuántas personas va a beneficiar la regularización y cuál va a ser la distribución por territorios. El Gobierno ha dejado entrever que se estima medio millón, pero ya hay algunas entidades, como Funcas, que elevan esa cifra a 840.000 personas. En este punto, en el PP señalan a Salvador Illa, quien ha dicho en los últimos días que, en Cataluña, habrá 170.000 inmigrantes que se beneficiarán: “¿Cómo les das entrada sin tener los recursos? El Gobierno dice que la regularización no tiene impacto presupuestario”, lamentan en el PP, donde recuerdan que la iniciativa afectará a los servicios públicos, prestaciones como el ingreso mínimo vital o los sistemas de protección social. Asimismo, en el PP también señalan las “cargas administrativas” que supondrán la regularización masiva, como el incremento “masivo” de solicitudes y trámites de empadronamiento, escolarización o de servicios sanitarios.
Los populares también detectan “deficiencias” en el sistema de comprobación de antecedentes penales y policiales de los inmigrantes que aspiran a una regularización. En primer lugar, porque los cinco meses de permanencia continuada en España son “manifiestamente insuficientes” para que consten antecedentes penales, ya que, según explican los populares, la justicia tarda en resolver y se antoja complicado que “haya sentencia de un hecho delictivo cometido el primer día a su llegada a España”. “Además, no se delimitan los documentos válidos para acreditar dicha permanencia ni se exigen que sean nominativos”, advierten en el PP, lo que podría facilitar el “fraude”. Los también populares denuncian dos cuestiones más: por un lado, cuando el inmigrante no obtiene el certificado de antecedentes penales de su país en el plazo de un mes, puede sustituirlo por una declaración responsable, lo que, a juicio del PP, “reduce las garantías de verificación efectiva”; y, por otro lado, el hecho de que “la mera admisión a trámite” de la solicitud de residencia ya “habilita para residir y trabajar”.
