Esto significa que los productos que acreditan cumplimiento de reglas de origen del T-MEC mantendrán su trato preferencial y evitarán el nuevo arancel que sustituye al 25% de la IEEPA que invalidó la Corte Suprema, lo que protege cadenas productivas altamente integradas como la automotriz, electrónica, aeroespacial y manufacturera.
La medida se sustenta en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer recargos temporales cuando Estados Unidos enfrenta desequilibrios graves en su balanza de pagos. Según la Casa Blanca, el déficit comercial de bienes alcanzó alrededor de 1,2 billones de dólares en 2024 y 2025.
Aunque el arancel tendrá un alcance global, la proclamación establece una larga lista de excepciones adicionales consideradas estratégicas para la economía estadounidense. Entre los productos excluidos se encuentran minerales críticos, metales monetarios y lingotes, energía y productos energéticos, así como recursos naturales y fertilizantes cuya producción doméstica resulta insuficiente.
También quedan fuera diversos productos agrícolas, incluidos carne de res, tomates y naranjas, además de productos farmacéuticos e ingredientes médicos esenciales. A ello se suman ciertos bienes electrónicos, productos aeroespaciales, vehículos de pasajeros, camionetas ligeras, autobuses y múltiples autopartes.
El recargo tampoco se aplica a mercancías que ya enfrenten restricciones comerciales bajo la Sección 232, utilizadas previamente para imponer aranceles al acero y aluminio, ni a materiales informativos, equipaje acompañado o donaciones.
La Casa Blanca argumenta que estas exclusiones buscan evitar disrupciones severas en el suministro industrial y contener presiones inflacionarias internas, al tiempo que se limita la entrada de importaciones consideradas no esenciales.
Para México y Canadá, esto refuerza el papel del T-MEC como el principal blindaje comercial ante un entorno global cada vez más proteccionista.
