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viernes 20 de febrero de 2026 | Publicado a las: 20:22
El proceso judicial contra el empresario Claudio Spiniak por abuso sexual a menores terminó en condena, pero se transformó en un terremoto político cuando testimonios falso-acusatorios involucraron a parlamentarios, cuestionando a la justicia, a los medios ya la política chilena de principio de siglo..
El 30 de septiembre de 2003 Santiago vivió una jornada que entraría en los libros policiales y también en las grietas de la política nacional. En un despliegue de Carabineros, el empresario Claudio Spiniak fue detenido en su departamento de Las Condes, sindicato como el cabecilla de una red que abusaba sexualmente de menores de bajos recursos y producía material pornográfico infantil. El golpe policial fue seguido por un asombro social que presagiaba el inicio de una investigación histórica.
Desde el inicio, el caso capturó la atención pública no solo por la gravedad intrínseca de los delitos —estupro reiterado, promoción de la prostitución y producción de pornografía— sino también por la oscura naturaleza de las fiestas y encuentros en casas, gimnasios y departamentos vinculados a Spiniak. La justicia acreditó que al menos cinco menores fueron víctimas directas de abusos, lo que motivó la persecución penal.
Sin embargo, cuando las investigaciones parecían encaminadas a esclarecer una red criminal concreta, una arista inesperada lo cambió todo. El testimonio de una joven identificada como Gemita Bueno —entonces bajo cuidado del exsacerdote José Luis Artiagoitíaconocido como el “cura Jolo”—introducción de explosiones contra personajes del poder político nacional. Según su versión, no solo adultos asociados al entorno de Spiniak estaban involucrados, sino también parlamentarios que habrían asistido a las fiestas donde ocurrieron los abusos.
Una avalancha política que no pudo sostenerse
La difusión de estas declaraciones provocó una ola de acusación en el Congreso. La entonces diputada Pía Guzmán amplificó públicamente el testimonio, asegurando que existían figuras políticas implicadas. Nombres como los de los senadores Jovino Novoa, Carlos Bombal, Nelson Ávila, Andrés Zaldívar y Carlos Cantero circularon en medios y tribunas como supuestos implicados.
La conmoción fue tal que, por un momento, el caso trascendió lo judicial para transformarse en una crisis política que sacudió partidos, alianzas y la percepción pública sobre las élites del poder. El ambiente estaba cargado de tensión, sospecha y acusación cruzadas mientras la opinión ciudadana demandaba respuestas claras.
Pero la justicia tardó meses en desmontar esa versión. Las inconsistencias en el relato de Bueno se hicieron cada vez más evidentes. Con el avance de la investigación, la arista política se fue desplomando bajo el peso de la falta de pruebas y la contradicción de testimonios. En abril de 2005, el ministro en visita Sergio Muñoz decretó el sobreseimiento definitivo de todos los parlamentarios mencionados por falta de antecedentesponiendo fin a la fantasía de una red de poder político vinculada a los hechos.
La propia Gemita Bueno terminó reconociendo públicamente que “todo, todo era mentira” y que sus testimonios fueron fabricados, declaraciones que respaldaron la acusación judicial contra ella y contra Artiagoitía por falso testimonio, sancionados por la Corte Suprema en 2008.
Condenas, mecanismos y consecuencias personales
En lo estrictamente penal, el caso no fue menos complejo. Tras varios cambios de magistrados y decisiones contradictorias —incluyendo una sentencia de cinco años y un día por abuso sexual—, la Corte Suprema en 2008 dictó una condena de 12 años de prisión contra Spiniak por cargos consolidados de abuso sexual, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico infantil.
Además de Spiniak, varios de sus colaboradores y proxenetas fueron condenados en distintos grados por su implicación en la red. Algunos nombres relevantes fueron:
- Miguel Quiroga Arriazacondenado por siete años por promoción de prostitución.
- Miguel Carvajal Suárezcon cinco años por facilitación de prostitución.
- José Alegría Méndezcondenada por cinco años por facilitar la prostitución.
- Héctor Torres Albornoz y Exequiel Martínezcon condenas de 10 años y cinco años respectivamente.
- Pablo Abazolo Letelier y Julio López Rojastambién sancionados por participación en la producción de material pornográfico.
Mientras el proceso judicial avanzaba, a su paso dejaron polémicas adicionales: algunos carabineros que intervinieron en la investigación fueron expulsados de la institución o condenados por delitos sexualescomo el caso de Mauricio Madrigal, quien más tarde fue sentenciado por abusos a menores.
Salida de prisión y legado social
Tras cumplir una década de su sentencia en la Cárcel de Alta Seguridadcon rebajas por buena conducta, Spiniak abandonó la prisión en diciembre de 2013, generando fuertes críticas de organizaciones contra el abuso infantil que consideraron que “debió morir en la cárcel”.
Su liberación fue discreta, resguardada por Gendarmería para evitar enfrentamientos con manifestantes, y desde entonces se ha mantenido alejado de la vida pública, refugiado en una parcela donde intenta un perfil bajo.
Memoria, política y heridas abiertas
Más de dos décadas después, el Caso Spiniak representa una trama dual de atrocidad y controversia institucional. Por un lado, reveló delitos graves contra menores que merecieron condena y sanción penal. Por otro, expuso cuánto daño puede causar la difusión de acusaciones infundadas cuando se mezclan política, justicia y medios de comunicación.
Algunos políticos vinculados quedaron marcados para siempre, aunque la justicia no haya acreditado responsabilidad alguna. Al mismo tiempo, la opinión pública sigue dividida entre quienes recuerdan el caso como un ejemplo de error judicial y quienes insisten en que aún quedan piezas de verdad por esclarecer.
El Caso Spiniak no solo remeció a Chile; desafió a sus instituciones a reconocer sus límites, errores y la importancia de la prueba sobre la presunción en cualquier investigación que toque el poder.
