Los ediles del PSPV-PSOE del Ayuntamiento de Almussafes han mostrado su “profundo malestar” con la dirección del partido ante la gestión realizada en relación con los acontecimientos que afectan al alcalde de la localidad, Toni González, acusado de acoso sexual. Un gesto que no ha agradado a la gestora, que ha salido al paso asegurando que las declaraciones son “improcedentes” y que, además, no han sido autorizadas por los órganos competentes del partido “ni responden a una posición acordada orgánicamente”.
Es la polémica interna de este domingo, que se produce días después de estallar el caso que implica al alcalde. Los ediles afirman que conocieron por la prensa la noticia y señalan que esto va en contra del artículo 11 de los órganos internos del partido.
En un comunicado explican que nadie se puso en contacto con ellos para “informar, contrastar o escuchar” su versión de los hechos, pese a ser “miembros directamente implicados en la vida orgánica y municipal del partido en Almussafes”. Aseguran que se ha impuesto un “juicio mediático” que derivó en “la exigencia de que nuestro compañero renunciara a sus cargos orgánicos”. Y consideran que esta actuación hizo un “daño irreparable en su imagen pública”, en la suya como concejales y por extensión en la agrupación local y el propio pueblo de Almussafes.
Citan incluso a la secretaria general, Diana Morant, y al síndic José Muñoz para destacar sus “diversas declaraciones públicas” en las que dicen que “posicionaban de manera clara sin tener pruebas concluyentes” y se quejan de que esas declaraciones incluso llegaron a insinuar su expulsión del partido.
Unas declaraciones que no han gustado nada en la gestora del PSPV designada por la dirección federal del PSOE para ejercer la representación orgánica del partido en la localidad, que las considera” improcedentes” y reseña que “no han sido autorizadas por los órganos competentes del partido ni responden a una posición acordada orgánicamente”.
Citan a Morant y Muñoz para destacar que en sus declaraciones públicas se han posicionado “sin pruebas concluyentes”
En un asunto de esta naturaleza, dice la gestora, “corresponde actuar con máxima prudencia, responsabilidad y respeto, especialmente hacia la persona que ha denunciado los hechos. La prioridad debe ser preservar la dignidad de la víctima y garantizar que los procedimientos se desarrollen con todas las garantías”.
Asimismo, la gestora considera “improcedente” el envío de comunicaciones institucionales dirigidos a la ciudadanía en relación con este asunto. “La utilización de canales públicos debe registrarse por criterios de neutralidad, responsabilidad y respeto al marco ético y estatutario del partido”.
