El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, ratificó que la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales está vigente y corresponde su ejecución a la Policía.
“El mandamiento de aprehensión está vigente, en manos de la policía (…) Toca a la policía ejecutar”, aseveró en contacto con radio Fides.
Morales tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata y tráfico de personas, acusado de haber mantenido una relación y haber embarazado a una joven menor de edad años atrás.
Sin embargo, para evitar su aprehensión, Morales se atrincheró en el Trópico de Cochabamba, donde está protegido por sus seguidores, grupos que formaron una “seguridad sindical”.
En ese sentido, Mogro informó que el Ministerio Público ya realizó la investigación del caso y por eso presentó un pliego acusatorio contra el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija.
Además, señaló que ya presentó la prueba de cargo para el juicio oral y está realizado a la espera de que el Tribunal las citaciones correspondientes para que Morales y su defensa presentaron sus descargos para que luego se fije la fecha y hora del juicio oral.
El Fiscal Departamental de Tarija, finalmente, señaló que si Morales no asistiera al juicio en su contra sería declarado en rebeldía y se emitiría una segunda orden de aprehensión en su contra.
Al respecto, horas antes, a través de un extenso mensaje en sus cuentas en las redes sociales, Morales afirmó no ser “prófugo ni impune” de la justicia y se declaró “víctima de una brutal persecución política”.
“No soy prófugo ni impune. Soy víctima de una brutal política de persecución que comenzó con el régimen de facto de Jeanine Añez y continuó con el gobierno traidor de Luis Arce y sus ministros que montaron un consorcio jurídico delincuencial”, señaló Arce.
Morales aseguró que la orden de aprehensión en su contra fue emitida por “un juez nombrado por los usurpadores y autoprorrogados del TSJ y TCP” y “una fiscal que prevaricó y acató órdenes políticas del gobierno de Arce sólo para aniquilarme política, moral y electoralmente”.
“Fui condenado y linchado mediáticamente por un delito inexistente y sin una supuesta víctima. Reabrieron un caso cerrado por falta de pruebas y se inventaron otro delito: Trata. No respetaron el mandato constitucional y universal de presunción de inocencia ni el debido proceso. El Gobierno de Lucho y la exfiscal Sandra Gutiérrez -verdaderos autores de Trata- están impunes porque la Fiscalía del Estado ni siquiera abrió la investigación ante la denuncia de la víctima”, señaló.
