La nueva ley de publicidad institucional que pretende prohibir a los medios recibir más de un 35% de sus ingresos totales de anuncios de las administraciones públicas se aprueba hoy, 24 de febrero de 2026. Esto no es solo un cambio legal, sino que forma parte de la estrategia de regeneración domocrática del Gobierno de España, que pretende reducir el control político en las comunicaciones.
Hoy se hace realidad una de las reformas más debatidas de los últimos meses: una nueva regulación que limita al 35% los ingresos que los medios pueden recibir por la publicidad de las administraciones. Inicialmente, el Gobierno tuvo dudas y, en sus borradores, reflexionó que el límite iba a ser del 30%, pero, al final, el porcentaje lo han subido un 5% más.
Cabe señalar que Pedro Sánchez cargó contra los «pseudomedios» en el verano de 2025, sacando a relucir su plan de calidad democrática en el Congreso de los Diputados. Su objetivo era limitar la financiación de medios de comunicación cuya principal fuente de ingresos proviene de fondos públicos de los partidos políticos y que eso da lugar a que aporten información sesgada. El objetivo de la nueva ley de publicidad institucional es «fortalecer la transparencia, la independencia y el pluralismo para garantizar una información veraz» frente a la desinformación y la difusión masiva de bulossegún adelantó el presidente en julio del año pasado.
Una ley necesaria para cumplir con la UE
La nueva legislación no solo es un nuevo frente para combatir con el auge de los bulos, sino que busca cumplir con la reciente normativa de la Unión Europea (UE). Bruselas exige que los medios de comunicación de cada Estado miembro del organismo hagan públicos los datos sobre la cantidad de publicidad institucional que reciben. Por lo tanto, la ley que aprueban hoy es una manera de obligar a las empresas mediáticas a dar informes sobre lo que cobran de las administraciones públicas.
En el reglamento europeo, aprobado en mayo de 2024, detallan que la asignación de los fondos públicos para la publicidad institucional deben seguir unos principios democráticos. Estos deben ser «criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios». Además, deben ponerse a «disposición del público de antemano por medios electrónicos y fáciles de usar, mediante procedimientos abiertos, proporcionados y no discriminatorios». De este modo, los lectores, oyentes o espectadores de un medio de comunicación sabrán en todo momento si lo que leen, escuchan o ven pueden tener un sesgo o no.
¿Quiénes son los propietarios de los medios?
Otra información que, a partir de ahora, los medios estarán obligados a dar es el de sus propietarios. Las compañías deberán publicar quiénes son sus dueños. Conocemos los que están detrás de la mayoría de los medios de comunicación grandes, pero la nueva regulación exigirá que lo faciliten por ley.
Tras su aprobación, la legislación obliga a difundir «el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectosque poseen paquetes accionariales que les permiten ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública».
Aunque esto no siempre afecta a las publicaciones, es importante conocer quiénes son los propietarios de los medios. A veces, los accionistas pueden provocar que detrás de un texto, una pieza radiofónica o un programa tenga unos intereses al nombrar cierta información.
Los principales afectados: medios cuyos ingresos dependen de estos fondos
Hay medios de comunicación sin casi audiencia y que apenas cuentan con ingresos privados a través de la publicidad o suscripciones. En estos casos, sobreviven especialmente gracias a la financiación de administraciones públicas o partidos que pagan un cambio de publicidad institucional. Por lo general, suelen ser gobiernos autonómicos o locales que utilizan los medios con poca visibilidad como instrumentos para anunciarse.
Con la nueva regulación, habrá una limitación que hará que aquellos medios que obtengan ingresos casi íntegramente de fondos públicos se vean afecados. Estos deberán asegurarse de que solo suponga el 35% de su cifra de negocios netos anuales o de la del grupo al que pertenezcan. Los medios grandes con distintas líneas editoriales apenas se verán afectados, ya que sus porcentajes de ingresos obtenidos de este modo es más bajo. No obstante, las plataformas de comunicación que sí que sobreviven por la financiación de gobiernos regionales estarán en apuros y Deberá cambiar su forma de negocio.
