Cada vez son más las voces que se están interponiendo en los planos de Ursula von der Leyen para el próximo presupuesto de la Unión Europea o Marco Financiero Plurianual (MFP) -vigente de 2028 a 2034-, que la presidenta de la Comisión Europea ha planteado … como una verdadera revolución al proponer entregar un 44% de los fondos disponibles a los Estados miembros para que estos decidan qué políticas priorizan (en un ‘totum revolutum’ que incluye defensa, agricultura o industria), en lo que supone un verdadero cambio de paradigma para una UE que hasta ahora había sido muy celosa de sus gastos, por aquello de garantizar la integración europea.
Desde que el ejecutivo comunitario pusiera el nuevo MFP sobre la mesa, buena parte de la Eurocámara -y esto incluye a los cuatro partidos que subieron a la política alemana a la presidencia- y de los Estados han manifestado su oposición frontal, y hoy el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha dado argumentos a estos últimos con un dictamen crítico con el plan. En líneas generales, diríase que el ‘guardián de las finanzas’ de los Veintisiete ha advertido a Von der Leyen de que, si va a entregar 865.000 millones a los Estados, debería definir mejor cómo controlará a dónde va ese dinero.
En su informe, el TCE advierte de «múltiples riesgos», muchos de ellos derivados del hecho de que el nuevo MFP supone un tránsito de un modelo de cesión de fondos basado en una estimación de los costes en los que incurrirán los países beneficiarios a otro que liga las transferencias al cumplimiento de objetivos. En pureza, se trata de una copia del esquema que ya se implementó con las subvenciones post-pandemia (el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), pero una que se ha diseñado sin atender a las deficiencias que ya se señalaron en ese caso, se lee en la auditoría.
Concretamente, los redactores del texto opinan que la rendición de cuentas no está clara, tanto es así que la Comisión «podría no estar en condiciones de ofrecer al Parlamento Europeo y al Consejo garantías suficientes de que los fondos se han gestionado con arreglo a los principios de buena gestión financiera», añaden. Una de las razones de esto último es que el plan otorga a los Estados más peso en los trabajos de fiscalización -en detrimento de la Comisión-, y lo hace a pesar de que en el pasado los auditores «han detectado reiteradamente deficiencias en los sistemas de control nacionales», dicen. A su vez, sigue el informe, falta aclarar cuáles serán las consecuencias financieras para los que incumplan el Derecho de la UE y de los Estados.
Para el TCE, son también motivos de preocupación el hecho de que la propuesta de MFP no contemple indicadores de impacto, o que hasta un 25% de los ámbitos de intervención previstas carezcan de indicadores de resultados que permitan evaluar la ejecución de los planos que los países presentes para justificar las transferencias.
Cesión de poder a las capitales
Advierte de que la UE cede mayor control de los fondos a los Estados a pesar de que «han detectado insuficiencias en los sistemas de control nacionales»
Esto, en lo que se refiere a la fiscalización. Antes de que eso pueda suceder, el dinero deberá haber llegado a los Estados, y en ese proceso de toma de decisiones el TCE también ha detectado deficiencias. Por ejemplo, la falta de garantías que aseguren la solidez de las estimaciones de costes que presentan los gobiernos nacionales. Según la propuesta presupuestaria actual, además, Bruselas tampoco realizaría comprobaciones obligatorias de regularidad (de cumplimiento de hitos y objetivos) antes de desembolsar el dinero a los beneficiarios, a diferencia de lo que sucedía con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Un ‘totum revolutum’ que junta defensa y agricultura
Como ya se ha avanzado, la principal novedad del nuevo MFP es que se entrega buena parte de la caja común a los gobiernos nacionales, pero hasta en esto el TCE advierte problemas de fondo que hay que enfrentar. Principalmente, el hecho de que los Estados miembros «podrían tener dificultades para atender satisfactoriamente todos los objetivos de la UE», ya que en esa suerte de ‘fondo nacional’ que recibirán los países se mezclarán recursos para políticas cuyos objetivos y lógicas de ejecución son diferentes (defensa y agricultura, por ejemplo).
Además, y en referencia a esa mayor «flexibilidad» prometida a los Estados, el TCE recuerda que la Comisión ya ha blindado unos 300.000 millones para el PAC (sobre esos 865.000 millones del presupuesto que irán a las capitales) y otros 218.000 millones para las regiones menos desarrolladas; es decir, que más de la mitad de la inversión de los ‘planes nacionales’ ya no dependerá de los gobiernos, y esa cifra podría ir a más si determinados sectores siguen exigiendo que se blinden sus recursos, han advertido los portavoces del TCE durante su presentación a los medios.
Los eurobonos tensionarán las cuentas
En lo que se refiere a la simplificación, también destaca el TCE que, en efecto, al mezclar todos los fondos en una sola partida, la Comisión se ha quitado de encima muchos procesos burocráticos, pero que esa reducción de la carga administrativa podría no afectar a los beneficiarios, ya sean regiones, ciudadanos o estados; es decir, que los agricultores podrían seguir sometidos al mismo papeleo que enfrentar hasta ahora para cobrar la PAC, por ejemplo.
El informe auditor es crítico incluso con el fondo ‘Catalyst Europe’, una de las medidas estrella de Von der Leyen, que consiste en la emisión de bonos europeos por valor de 150.000 millones para que los Estados que lo deseen puedan ampliar su dotación presupuestaria. «Estos préstamos están garantizados por el presupuesto, sin otras disposiciones específicas», señala el tribunal, lo que en su opinión podría acabar tensando las cuentas de la UE -incluso la propia política monetaria, matizan- y obligar a los Estados miembros a realizar contribuciones adicionales.
