El Estado en cuarentena: Entre la desidia y el colapso
Ecuador hoy atraviesa una de las noches más oscuras de su historia republicana. Lo que se percibe en las calles, en las salas de espera de los hospitales y en las mesas de los hogares no es una simple crisis pasajera, sino el síntoma de un Estado que parece haber dimitido de sus funciones más básicas. Bajo la administración de Daniel Noboa, el país se desangra en una paradoja cruel: mientras las cifras macroeconómicas intentan maquillar la realidad para los mercados internacionales, el ciudadano de un pie sobrevive en un territorio “en quiebra” moral y financiera.
Lo que vivimos no es democracia, es un ejercicio autoritario y cínico que violenta el marco legal y constitucional mediante “acuerdos” y decretos de última hora que esquivan la fiscalización, mientras el pueblo se hunde en la miseria y el miedo.
El sistema de salud pública es hoy una morgue de esperanzas. Con un recorte presupuestario que supera los 600 millones de dólares y una inestabilidad administrativa sin precedentes —cinco ministros en menos de dos años—, la atención médica se ha convertido en un lujo inaccesible. Los pacientes, enfrentados a un desabastecimiento de medicamentos que raya en lo criminal, reciben recetas en retazos de papel para medicamentos que no pueden costar, mientras el gobierno observa con indolencia cómo el derecho a la vida se diluye entre trámites burocráticos.
La situación de la Seguridad Social es aún más alarmante. El IESS, el último refugio de la clase trabajadora y de quienes entregaron su vida al desarrollo del país, se encuentra en cuidados intensivos. El Estado, histórico deudor de sus propias instituciones, ha asfixiado la liquidez del seguro, poniendo en jaque no solo la atención médica de los afiliados, sino la sagrada certeza de las pensiones de nuestros jubilados. Tocar el fondo de reserva para cubrir el gasto corriente es pan para hoy y hambre —literal y desesperada— para mañana.
Pero la indignación social alcanza su punto de ebullición cuando se contrastan estas carencias con la opacidad en la gestión energética. Resulta inaceptable que, mientras se le pide austeridad al enfermo y al jubilado, se destinan sumas millonarias a contratos cuestionables con empresas como Progen y ATM para la compra de generadores obsoletos.
Es el retrato de una gestión que prioriza el parche ineficiente y el negocio de última hora sobre la planificación estructural que el país demanda.
A todo esto se suma el azote de una inseguridad generalizada que nos ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. Sin salud, sin jubilación segura y con el miedo como sombra constante, el ecuatoriano se siente huérfano de Estado.
No se puede gobernar un país desde la desconexión o el marketing político cuando la realidad golpea con la fuerza del hambre y la enfermedad. Es imperativo que el Ejecutivo deje de priorizar el pago de obligaciones externas por sobre la vida de sus mandantes. Un país no está “sano” porque sus bonos suban en Wall Street; un país está sano cuando sus ancianos pueden comprar sus medicinas y sus ciudadanos pueden caminar sin el temor de no regresar a casa. El tiempo de las excusas se agotó; lo que queda es el riesgo inminente de un colapso social que ningún generador viejo podrá iluminar
Carlos Eduardo BustamanteSalvador
