En medio de consensos y algunas modificaciones, los integrantes de la Comisión de Economía del Congreso de la República emitieron dictamen favorable a la iniciativa 6593, conocida como “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo en julio del 2025 y este martes 24 de febrero recibió dictamen favorable, por lo que continuará el proceso en el Pleno del Congreso. La iniciativa agrupa en un solo cuerpo legal las normas vigentes sobre lavado de dinero del 2001 y financiamiento del terrorismo del 2005, así como la incorporación de nuevos actores.
Guatemala será evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que enviará una misión para revisar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en esta materia. La evaluación mutua está prevista para febrero del 2027 y forma parte de las exigencias en el marco jurídico e institucional.
Durante la sesión se informó que el dictamen se trasladará a la instancia de jefes de bloque para programar su discusión lo antes posible. El mejor escenario es que pueda aprobarse en marzo, dada la urgencia. y la preparación del reglamento.
La Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos (SIB), la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) han reiterado la necesidad de avanzar en esta ley y evitar caer en la denominada lista gris, término que se aplica a los países considerados poco cooperantes en la prevención del lavado de dinero.
En el 2025, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció ante la Fiscalía un monto de Q15 mil 967 millones por lavado de dinero.
Cambian régimen de multas por lavado
Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, aclaró que “esta no es una ley contra la economía informal, no es una ley tributaria, sino que está unificando leyes que estaban dispersas y desactualizadas”.
A su consideración, hay aspectos importantes en materia de certeza jurídica. Señaló que se aclara el delito de lavado de dineroya que antes —según él— “el delito era simplemente si había recursos ilícitos que tocaban el sistema financiero bancario, internacional o local, había lavado de dinero”.
Explicó que ahora debe existir intencionalidad de ocultar el dinero. “Si alguien roba una gallina, la vende en Q100 y deposita esos Q100, en términos prácticos estaría cometiendo lavado de dinero por depositar recursos provenientes de un ilícito”, ejemplificó. Agregó que con la reforma se eliminan interpretaciones que consideraban cualquier movimiento como lavado.
También indicó que se modificó el régimen de multas. Señaló que hay entre mil y tres mil privados de libertad por lavado de dinero, a quienes se les decomisan los recursos y, además, se les impone una multa equivalente que puede convertirse en días de prisión.
Citó como ejemplo que, si a una persona que portaba US$25 mil el detector, el monto equivale a unos Q200 mil. Convertidos a razón de Q100 diarios, representan seis años adicionales de cárcel. “Ahora cumple seis años y más otros seis años”, afirmó.
Explicó que con la reforma la multa se fijará según el beneficio obtenido por el lavado y se desarrolló un límite: si la persona no puede pagar, la condena original solo podrá ampliarse hasta un cuarto adicional, y no multiplicarse de forma desproporcionada.
En el 2025, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció ante la Fiscalía un monto de Q15 mil 967 millones por lavado de dinero.
El diputado Elmer Palencia explicó que una de las modificaciones relevantes se realizó en el artículo 75, para determinar el pago de la multa impuesta por el delito de lavado de dinero.
Recordó que actualmente hay más de seis mil personas que ya cumplieron su condena de prisión, pero continúan privadas de libertad porque no tienen capacidad económica para pagar la multa, según datos del Ministerio de Gobernación.
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“Hoy quedó que la persona que ya cumplió su pena de prisión y no ha podido pagar la multa, esta se convertirá en días de cárcel, no más allá de un cuarto de la sentencia original. Esto significa que una persona condenada a ocho años no podrá pasar más de 10 años en prisión por no tener la capacidad de pagar la multa impuesta”, remarcó.
A su juicio, se trata de un ajuste importante que fue incorporado al dictamen de reformas a la ley de lavado de dinero y otros activos.
Prevén aprobar ley antilavado antes del receso
Estrada recordó que al integrar en un mismo marco jurídico las normas sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se realizarán modificaciones al Código Penal, con lo cual se unifica la regulación en una sola ley y se le da coherencia.
Sobre los plazos en el Pleno, enfatizó que la iniciativa podría aprobarse en los próximos dos meses, es decir, antes del receso parlamentario. Agrega que habrá una rápida implementación por parte de la Superintendencia de Bancos (SIB) y que los reglamentos no deben agotar el plazo máximo establecido.
La idea es que la revisión prevista para el año entrante por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) encuentre la normativa en ejecución, con las medidas ya trazadas para su implementación conforme a estándares internacionales.
Ley delimita alcance del delito de terrorismo
Otros cambios abordados, según Estrada, están dirigidos a modificar el delito de terrorismo, que era “poco abierto”, en cuanto a cualquier acto que violara los derechos constitucionales de las personas. Ahora se delimitó mejor su clasificación.
“Una de las modificaciones relevantes se realizó en el artículo 75, para determinar el pago de la multa impuesta por el delito de lavado de dinero”
Elmer Palencia, diputado
También se introdujeron cambios en las personas obligadas, al clarificar y limitar las obligaciones de profesionales como abogados, notarios, contadores públicos y auditores, entre otros.
Todos los cambios se realizaron con el acompañamiento del sector financiero y dentro del marco de la legalidad, remarcó.

Respalda dictamen contra lavado
Por medio de un comunicado, la Superintendencia de Bancos (SIB) reaccionó tras la emisión del dictamen favorable al proyecto de ley.
“Este avance representa un paso decisivo en el fortalecimiento del marco normativo nacionalya que la actualización integral de la legislación permitirá robustecer el enfoque basado en riesgos”, señala el documento.
“La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país. Involucra al sector público y privado, a los profesionales ya todos los actores que integran el ecosistema de cumplimiento. El dictamen favorable constituye una señal clara de responsabilidad institucional frente a los compromisos internacionales asumidos por Guatemala”, agrega el comunicado oficial.
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También se reconoce la labor de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, que emitió dictamen favorable a la iniciativa 6593, en beneficio de la integridad, estabilidad y confianza del sistema financiero nacional.
El comunicado Reitero que este avance constituye un paso dentro del proceso legislativo, el cual debe continuar hasta su aprobación final.
“Confiamos en que el honorable Pleno del Congreso de la República impulsará la discusión y aprobación de esta iniciativa, a fin de que Guatemala cuente con un marco normativo moderno y robusto en materia de prevención de LD/FT, alineado con estándares internacionales, que fortalezca la supervisión y el adecuado funcionamiento del sistema financiero”, concluye.
CFG pide próxima aprobación de reforma antilavado
José Estuardo Córdova, director ejecutivo de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), explicó la perspectiva del sector luego de conocer el dictamen favorable a la iniciativa “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.
¿Cuál es la postura por el dictamen a la iniciativa de ley sobre lavado de dinero?
Como Cámara de Finanzas de Guatemala hemos sostenido de forma consistente que la modernización de la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos es una prioridad técnica y estratégica de país, orientado a alineal el marco normativo con los estándares internacionales del GAFIcerrar brechas identificadas en evaluaciones previas y reducir riesgos de observaciones o sanciones que puedan afectar la estabilidad financiera, la reputación internacional y el acceso a corresponsalías e inversión.
Valoramos el dictamen favorable, pues se avanza normativa hacia una más integral, clara y sistemática que la vigente, fortaleciendo la certeza jurídica y la efectividad del sistema nacional de prevención.
¿Cuál es la guía que se debe seguir en el corto plazo?
A nuestro juicio, los siguientes pasos deben ser su discusión y aprobación en el Pleno del Congreso en tres lecturas y, posteriormente, un proceso reglamentario coordinado entre las autoridades competentes y los sectores obligados, que garantiza una implementación clara y operativamente viable, evitando vacíos o interpretaciones contradictorias.
Exponer un diagrama de tiempos de aprobación, reglamento y vigencia de la norma…
Según se comprende, conforme al dictamen favorable aprobado recientemente por la Comisión, una vez aprobado como Decreto entraría en vigor tres meses después de su publicación. Además, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), contaría con un plazo máximo de seis meses para elaborar el reglamento.
En consecuencia, la responsabilidad técnica de reglamentar y desarrollar las disposiciones operativas recaerá en la IVE y la SIB, lo cual será determinante para asegurar una aplicación clara, homogénea y efectiva del nuevo marco legal.
