No, la prostitución no es un trabajo “como otro cualquiera” ni “una forma de ejercer la libertad sexual”. Es una actividad que pone en riesgo la dignidad de las personas que la ejercen y que fomenta la violencia contra las mujeres. De hecho, al 63% de los ciudadanos le parecería mal que un hombre de su familia recurriera a la prostitución y pagase por tener sexo y el 91% de las mujeres no querría conservar una pareja putera.
Esa es la percepción social sobre la pornografía y la prostitución que existe en España según un informe realizado por el Ministerio de Igualdad, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a partir de 10.019 entrevistas.
El estudio analiza actitudes, creencias y valoraciones de la ciudadanía en torno a la pornografía, la exposición digital a contenidos sexuales, la victimización por difusión o uso no consentido de imágenes sexuales (incluidas las generadas con IA), la percepción de la prostitución y las medidas consideradas adecuadas para prevenirla y erradicarla.
Sobre este aspecto último, tres de cada diez encuestados creen que castigar a los puteros ya quienes se lucran con la prostitución ajena (pero no a las mujeres que la ejercen) es una medida eficaz, y la mitad apuesta por sanciones educativas y económicas para quienes pagan por sexo.
En el caso de quienes hacen negocio con la prostitución, el horrible de la población (por encima del 80%) los enviaría a la cárcel porque consideran que con ello disminuiría la trata de mujeres y niñas con multas de explotación sexual.
En este sentido, el informe mostraría que, de forma mayoritaria, la población española está “a favor” de una ley para abolir la prostitución en línea con la que defiende el PSOE desde la legislatura pasada (y que está detrás del cisma vivido entonces entre las feministas socialistas y las de Podemos): castigar el proxenetismo en cualquiera de sus formas, incluidos los familiares, también a los clientes, pero dejar fuera a las prostitutas.
Una forma de violencia contra las mujeres.
En general, las percepciones sobre la pornografía y la prostitución que recoge la encuesta del CIS son mayoritariamente críticas, y de forma más acusada entre las mujeres. El 69% de las personas encuestadas se muestra bastante o muy de acuerdo con que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, porcentaje que se eleva hasta el 75% entre la población femenina.
A ello se suma que el 79% respalda que la prostitución pone en riesgo la dignidad de las personas que la ejercen y que el 75% opina que la mayor parte de las prostitutas son víctimas de explotación sexual.
De hecho, un porcentaje ligeramente superior rechaza el argumento de quienes quieren legalizar esta actividad por tratarse de “un trabajo como otro cualquiera” y el 80% también rechaza la idea de que es “una forma de ejercer la libertad sexual”.
Por el contrario, la visión mayoritaria es que quienes se prostituyen es porque se ven obligados a ello por las circunstancias o por otras personas. Siete de cada diez encuestados piensan que quienes practican la prostitución lo hacen por necesidad económica y un 41,5% considera que son forzadas a ello.
El informe también constata que el 82% de la población cree que pagar para mantener relaciones sexuales es un comportamiento más propio de los hombres, igual que el consumo de pornografía. Por el contrario, el ejercicio de la prostitución se considera un comportamiento más propio de las mujeres.
En relación a la pornografía, al menos siete de cada diez comparten la idea de que fomenta la violencia contra las mujeres y más del 93% cree que hay que limitar el acceso de los menores a estos contenidos, una responsabilidad que otorgan principalmente a padres y madres, aunque también al gobierno.
Entre otras cosas, porque siete de cada diez equipara el ver vídeos de actos sexuales en plataformas online con una forma de prostitución.
