Un grupo de 150 académicos y profesionales venezolanos ha enviado un comunicado a la presidenta y demás magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar celeridad en la toma de decisiones sobre los crímenes de lesa humanidad y violacion de los derechos humanos … cometidos por el régimen chavista.
Según la comunicación obtenida por ABC, destaca «la relevancia que revisa la debida diligencia y la continuidad de las actuaciones vinculadas a la investigación formal actualmente en curso sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela, anunciada por la Fiscalía de la CPI en noviembre de 2021». La misiva fue firmada, entre otros, por los juristas Raúl Ochoa Cuenca, Luis Marcano Salazar, Juan Francisco Contreras Arriechi y el sindicalista Johnny Díaz Apitz.
El caso venezolano ha sufrido varios retrasos y lentitud desde que el CPI inició la investigación en 2021. El último fiscal designado, Karim Khan, tuvo que dejar la investigación por desencuentros con el chavismo. En agosto del año pasado fue separada de la causa de Venezuela por conflicto de intereses y por falta de colaboración por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
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Discurso sobre el Estado de la Unión
La oficina del CPI en Caracas también fue cerrada el pasado 1 de diciembre. «Tras un trabajo continuo, hemos determinado que el progreso real en la complementariedad sigue siendo un desafío. Por consiguiente, y conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros limitados recursos, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas», declaró el fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang. «Nuestra investigación se mantiene centrada y activa gracias al trabajo de nuestro equipo dedicado y unificado, junto con nuestros socios y, como siempre, guiados por la evidencia y la ley», añadió.
La comunicación de los 150 venezolanos señala que su objetivo es destacar la trascendencia institucional y humanitaria que la justicia penal internacional representa para las presuntas víctimas de violaciones graves, así como para «la vigencia efectiva de los principios de legalidad, responsabilidad individual (tanto de los ejecutores como de los que emitieron cuentos órdenes) y protección de la dignidad humana».
También solicitan que el proceso investigativo garantice la protección de víctimas y testigos, la transparencia del procedimiento y la reparación integral de los daños sufridos por quienes han sido objeto de estos abusos.
«Evalúe con rigor, con base en la evidencia documental y testimonial disponible, la posible comisión de crímenes de lesa humanidad conforme a los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, incluyendo, entre otros, detenidos arbitrariamente, tortura, persecución, desapariciones forzadas y otros actos inhumanos», señala el texto.
Los firmantes expresan su confianza en que las actuaciones de la Corte continuarán desarrollándose con la imparcialidad, independencia y rigor jurídico que caracterizan su mandato, garantizando la protección de víctimas y testigos. Además, reclaman «la objetividad en la valoración de los elementos de prueba y la estricta observancia de las garantías procesales, para que la justicia se imponga ante la oscuridad que actualmente existe en nuestro país».
