Los presupuestos de la Generalitat para este año 2026 se han instalado en un complejo cruce de caminos en el que convergen las elecciones en Andalucía, la debilidad parlamentaria del Gobierno central para hacer avanzar la nueva financiación autonómica, las urgencias de ERC, la impaciencia de Junts con una amnistía que nunca llega y los proyectos de la Generalitat de Salvador Illa. Confluencia que obliga a una gestión muy compleja para conseguir que vean la luz verde y que contiene el aliento de casi toda la clase política catalana y buena parte de la española.
Illa es probablemente quien más expuesto ha quedado a los vientos contrapuestos del momento presente. Por credibilidad y necesidad de mostrar una acción de gobierno visible y coherente, el presidente necesita unas cuentas que le permitan desplegar las líneas básicas de su programa: mejora de los servicios básicos, acometer una política decidida de promoción y construcción de viviendas, y definir el cambio de modelo económico. Condiciones todas ellas para que las costuras de Catalunya no revienten definitivamente tras más de una década atascada y sin adaptarse a los cambios demográficos (crecimiento poblacional), tecnológicos y sociales que reclaman una remoción profunda del Estado de bienestar.
Tras cerrarlos en la reunión del Consell ejecutiva del pasado viernes, Illa ha encaminado el proceso de aprobación de los presupuestos hacia la Moncloa. Pedro Sánchez es el único que en el actual marco político puede ofrecerle a Oriol Junqueras un compromiso de avance en las mejoras de la financiación de Catalunya que el republicano necesita para ofrecer a sus bases tras el desgaste de una negociación que no ha acabado dando frutos palpables.
De momento, el BOE no ha publicado ni la quita de la deuda del FLA. La propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, que tan alegremente anunciaron Junqueras y Sánchez, también en la Moncloa, no registra avances y se espera que María Jesús Montero, la por muy pocos días ya ministra de Hacienda, desvele más detalles y, sobre todo, acepte que la Agencia Tributaria de Catalunya tenga competencias recaudatorias en el IRPF. Pero Montero teme que cuanta más euforia desate en Catalunya un acuerdo más mengüen sus apoyos en Andalucía.
El presidente tiene una agenda de intensa actividad para explicar las cuentas al mundo económico.
Además de buscar el apoyo explícito del compañero Sánchez, Illa ha comenzado a volcarse en la seducción del mundo empresarial, a fin de que este actúe como un poderoso factor social de presión sobre los republicanos para arrancarles el sí. El sindicalista, siendo importante, ya lo tiene de su lado desde el primer momento.
La tarea se antoja algo más laboriosa de lo que cabría pensar. Como se comprobó con ocasión del acuerdo sobre financiación autonómica, para el que el Govern esperaba un apoyo entusiasta, las organizaciones empresariales reaccionaron con más frialdad de lo previsto. Todo acabó con un manifiesto de apoyo que, sin embargo, señalaba las limitaciones del pacto y recordaba las reclamaciones tradicionales de las organizaciones empresariales.
El debate se enzarzó con la enésima, y probablemente la más grave, crisis de Rodalies, a la que patronales, asociaciones y colegios profesionales respondieron creando una comisión de análisis y propuestas que podían interpretarse como un gesto de desconfianza hacia la capacidad de la Administración de resolver un problema que se arrastra desde hace décadas. Como resultado, Illa se ha puesto manos a la obra incluso antes de la presentación formal de los presupuestos.
Illa mantiene contactos fluidos con el presidente de la gran patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, pese al desencuentro de la financiación. El dirigente empresarial le ha transmitido su apoyo a la aprobación de las cuentas, que la patronal viene defendiendo desde hace meses. Aunque cuestione algunas de las medidas que esas cuentas podrían llevar aparejadas, especialmente en el ámbito de la fiscalidad y, sobre todo, de la vivienda, que han provocado choques entre la patronal y el Govern.
Junqueras dice a los empresarios que no darán el sí a las cuentas sin avances en la recaudación del IRPF
El presidente de la Generalitat ha convocado una reunión con el llamado G-8, el grupo informal de organizaciones socioeconómicas (Cambra de Barcelona, Pimec, RACC, Cercle d’Economia, FemCat, Fira de Barcelona, Col.legi d’Economistes y Barcelona Global) para el próximo jueves.
Pero los republicanos no se han quedado quietos tampoco. Junqueras también está manteniendo encuentros con los dirigentes económicos, en los que les transmite su firmeza: o se progresa en el compromiso de la gestión del IRPF en Catalunya, o Illa deberá asumir que solo contará con su apoyo para la aprobación de dos suplementos de crédito, a diferencia de los tres que se aprobaron en el 2025. El líder republicano asegura a sus interlocutores que Illa no anticipará las elecciones, un escenario que no le convendría políticamente ni a él ni a Sánchez.
