La cuenca del río Guadalquivir necesita una inversión en infraestructuras del agua de 9.089 millones de euros, para hacer frente a las sequías y paliar los efectos de las inundaciones; según estimación el informe publicado este lunes y elaborado por TYPSA y Seopan (Asociación … de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras). Por su parte, a nivel nacional se requiere una inversión aproximada de 103.824 millones de euros durante el periodo 2026-2035.
Sin duda, la Demarcación del Guadalquivir se enfrenta a un momento decisivo. La presión sobre los recursos hídricos, unida a las frecuentes inundaciones, exige una ampliación de la inversión y planificación. En este contexto, las actuaciones prioritarias buscan modernizar infraestructurasoptimizar la gestión de la demanda y reforzar la resiliencia frente a eventos extremos.
La partida más relevante se concentra en el ciclo urbano del agua, con 6.256 millones de euros destinados a la renovación y mejora de las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración.
A esta cifra se suman 299 millones de euros adicionales para el conocimiento y la monitorización del ciclo integral del agua, una inversión clave para avanzar hacia una gestión más eficiente, basada en datos y orientada a la reducción de pérdidas y al uso racional del recurso.
Se necesita más inversión
En materia de adaptación al cambio climático, se contemplan 894 millones de euros enfocados en el incremento de recursos disponibles y en la gestión de la demanda, con especial atención a la eficiencia hídrica y la modernización de regadíos agrícolas.
Asimismo, se prevé 801 millones de euros para el desarrollo de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible y la gestión del riesgo por inundación pluvial, incluyendo la construcción de tanques de tormenta y la adaptación de infraestructuras urbanas. A ello se suman 154 millones de euros para medidas estructurales de protección frente a avenidas en zonas vulnerables, reforzando la capacidad de respuesta ante episodios de lluvias intensas.
La planificación también incorpora 371 millones de euros destinados al cumplimiento de los objetivos ambientales en el Dominio Público Hidráulicomediante actuaciones que mejoren el estado ecológico de las masas de agua. En paralelo, 274 millones de euros se orientan a infraestructuras verdes centradas en la restauración y mantenimiento de cauces y entornos fluviales, una apuesta por soluciones basadas en la naturaleza que contribuyen tanto a la protección ambiental como a la mitigación de riesgos.
Aumenta el riesgo de inundación
Como ha señalado Julián Núñez, presidente de SEOPAN, «la escasez de agua en España ya no es un fenómeno excepcional, sino estructural, y afecta de manera especialmente intensa a cuencas como el Guadalquivir, donde la demanda del recurso es muy elevada». En este sentido, subraya la necesidad de un mayor esfuerzo presupuestario y de un marco financiero adecuado que permita cumplir con la planificación hidrológica y garantizar la seguridad hídrica a medio y largo plazo.
Por su parte, el riesgo de inundación en la Cuenca del Guadalquivir es preocupante. Tal y como señala dicho informe en España 2, 73 millones de personas residen en zonas inundables. De estas, 575.000 se concentran en la demarcación del Guadalquivir, lo que la sitúa como la cuenca con mayor población expuesta del país.
Este nivel de exposición no es casual. Responde por un lado, a la amplia extensión de sus llanuras aluviales y por otro, a la presencia de importantes núcleos urbanos y áreas agrícolas ubicadas en zonas potencialmente inundables. La combinación de estos factores incrementa la vulnerabilidad estructural del territorioespecialmente ante episodios extremos cada vez más frecuentes.
Retraso en los procesos de contratación pública
El estudio subraya que la planificación hidrológica ha logrado recuperar parte del retraso acumulado en años anteriores. Sin embargo, la insuficiente disponibilidad presupuestaria y la ausencia de un marco financiero estable han limitado la ejecución efectiva de las medidas previstas, que apenas alcanza el 30%. Esta brecha entre planificación y ejecución compromete la capacidad real de prevención y adaptación frente al riesgo.
A ello se suma la lentitud y falta de eficacia de los procesos de contratación pública. Desde que se decide ejecutar una infraestructura hasta que entra en servicio suele transcurrir más de una legislatura.
