El congresista sostiene que el nuevo gobierno tiene la oportunidad de impulsar acuerdos amplios que combinen reparación, desarrollo económico y estabilidad institucional en La Araucanía.
La senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, insta al Presidente electo a asumir con decisión política las propuestas de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, advirtiendo que mantener el actual sistema de restitución de solo tierras profundiza la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas y extiende indefinidamente su resolución.
La parlamentaria enfatiza que uno de los antecedentes más relevantes del trabajo técnico de la Comisión es que, de continuar con el ritmo actual de compra y restitución de tierras a través de la institucionalidad vigente, el proceso podría tardar más de un siglo en completarse. Proyecciones recogidas en el análisis del conflicto territorial estiman que el plazo podría fluctuar entre 80 y 160 años si no se introducen cambios estructurales en el mecanismo de restitución.
Para Aravena, este dato no es menor. “No reconocer que el sistema actual podría demorar más de cien años en cumplir los compromisos ya adquiridos por el Estado implica, en la práctica, seguir aumentando la deuda histórica”, sostiene. A su juicio, insistir en un modelo que proyecta soluciones a más de un siglo carente de viabilidad política, social y ética.
La senadora subraya que el informe de la Comisión no solo diagnostica la magnitud del problema, sino que precisamente propone una transformación del modelo: una institucionalidad más eficiente, financiamiento claro, criterios objetivos y un marco jurídico que permita avanzar con plazos razonables y sostenibilidad fiscal.
Aravena remarca que el nuevo gobierno tiene hoy la oportunidad de asumir este diagnóstico con realismo y responsabilidad. “No podemos seguir acumulando diagnósticos sin decisiones concretas. Si sabemos que al ritmo actual el conflicto se proyecta por más de cien años, entonces es evidente que el sistema necesita cambios profundos”, afirma.
Desde una perspectiva regional, la parlamentaria sostiene que la paz social en La Araucanía no puede construirse sobre expectativas que se dilatan por generaciones. Advierte que prolongar indefinidamente los procesos de restitución no solo afecta a las comunidades que esperan reparación, sino que también impacta la estabilidad económica, la inversión y la gobernabilidad del territorio.
En ese marco, Aravena plantea que el Ejecutivo entrante debe analizar “en su mérito” las 21 medidas propuestas por la Comisión, incorporando asesoría experta y asegurando viabilidad presupuestaria, especialmente en materias de tierras y reparación. A su juicio, avanzar con reglas claras, transparencia y planificación financiera es la única manera de cerrar brechas históricas sin seguir postergando soluciones.
“La Araucanía necesita certezas. Necesita un camino institucional que no proyecte el conflicto por un siglo más, sino que establezca plazos realistas y responsabilidad política”, enfatiza.
Con este emplazamiento, la senadora instala un punto crítico en la agenda nacional: reconocer que el problema territorial, tal como está estructurado hoy, no tiene una solución viable en el tiempo, y que solo mediante decisiones políticas de fondo será posible transformar el informe de la Comisión en una hoja de ruta efectiva para la paz, el desarrollo y la estabilidad en el sur del país.
