Aunque el pasado 2 de marzo debía entrar en plena vigencia la obligatoriedad de los limitadores de velocidad conforme al Decreto 11-2017, reforma al Decreto 45-2016, la aplicación de la normativa quedó en suspenso tras gestiones impulsadas por transportistas y diputados. Sin embargo, este 4 de marzo el viceministro de Transportes, Fernando Surianoaseguró que las inspecciones ya están en marcha.
Desde inicios de febrero, transportistas individuales hicieron público que no cumplirían con el requisito y exigieron una prórroga, así como cambios en la forma en que se aplicarían las multas.
El 27 de febrero, tras una reunión con diputados del congreso de la repúblicase acordó buscar una salida legislativa para frenar la aplicación inmediata de la normativa sobre reductores de velocidad. La propuesta apunta primero a ampliar el plazo y, posteriormente, evaluar su posible derogación mientras se construye un nuevo marco legal para el sector.
La normativa obliga a instalar el Sistema Limitador de Velocidad (SLV) en todos los vehículos con un peso de 3.5 toneladas en adelante, lo que incluye autobuses extraurbanos y transporte de carga.
CONFERENCIAS RELACIONADAS
Inspecciones en marcha y empresas que sí cumplen
En medio de ese escenario político, Suriano afirmó que la Dirección General de Transporte (DGT) ya ejecuta un plan de inspecciones semanales y que recibió un informe preliminar con resultados, aunque no precisó los hallazgos de este.
“Ya se hicieron algunas revisiones, hay empresas que cumplen y que tienen su certificado”, aseguró, al señalar que existe la percepción de que la norma no se está aplicando, aunque —según dijo— sí hay transportistas que han acatado el requisito.
El funcionario indicó que más adelante se informará públicamente sobre las empresas que cumplen, y recalcó que el proceso se desarrolla con prudencia y dentro del marco del Estado de Derecho.
En un artículo reciente de Prensa Libretambién se expusieron las distintas posturas del sector transporte frente al Sistema Limitador de Velocidad (SLV). Por un lado, José Alejandro Ramírez, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Transporte y Cargaafirmó que el sector empresarial organizado respalda la implementación del dispositivo, al considerarlo una herramienta que fortalece la seguridad vial. Señaló que muchas empresas ya utilizaban mecanismos de control de velocidad como parte de sus políticas internas y requisitos de aseguradoras.
En contraste, transportistas individuales han manifestado su rechazo a la entrada en vigor inmediato de la norma, solicitando una prórroga y cambios en el esquema de multas, lo que mantiene abierto el debate mientras el Congreso analiza posibles ajustes a la regulación.
“Lo primero es la vida”, por encima de cualquier interés
El viceministro de Transportes, Fernando Surianoenfatizó que la discusión no debe centrarse únicamente en sanciones, multas oh prórrogassino en el objetivo principal de la normativa: reducir muertes y lesiones en las carreteras.
“Lo primero y lo más importante es la vida”, expresó, al referirse a recientes accidentes de transito que —según indicó— reflejando la urgencia de fortalecer los controles tanto en el transporte pesado como en el extraurbano. Para el funcionario, cada siniestro exponen debilidades estructurales que van más allá de un solo factor.
Suriano subrayó que los limitadores de velocidad no constituyen una solución aislada ni definitiva. Explicó que la frasco de seguridad depende de la ONU sistema completo de acciones coordinadas que incluyen controles sobre el estado físico y mental de los pilotosprevención del consumo de estupefacientes y alcalde responsabilidad empresarial en la contratación y supervisión de conductores.
CONFERENCIAS RELACIONADAS
“Es un sistema completo”, sostuvo. A su juicio, aunque en descensos pronunciados la velocidad puede ser más difícil de controlar, mantener parámetros máximos permite una mejor administración del vehículo, reducir riesgos y ofrece mayor margen de reacción ante imprevistos.
El viceministro agregó que, desde la perspectiva del Estado, existe la obligación de proteger a los usuarios y garantizar la vida de los guatemaltecosinsistiendo en que ese debe ser el eje central del debate.
Las sanciones serán “transversales”, a la espera de decisión legislativa
Consultado sobre si habrá multas una vez concluyan los diálogos con el sector privado, el viceministro de Transportes, Fernando Surianofue enfático: la ley está vigente desde 2018 y se aplica.
“Definitivamente vamos a sancionar de forma transversal. La ley no es para unos y no contra otros; es para todos”, afirmó, al subrayar que la normativa no será aplicada de manera selectiva.
No obstante, explicó que la implementación se iniciará por segmentos debido a recursos limitados, priorizando sectores con mayores niveles de incumplimiento, como el transporte ilegal o “pirata”, antes de extender los controles al resto de unidades obligadas a contar con el Sistema Limitador de Velocidad.
Al mismo tiempo, reconoció que algunas empresas se han acercado para informar que ya tienen limitadores instalados, aunque todavía sin la certificación correspondiente.
En ese contexto, recordó que el congreso de la república tiene en sus manos la posibilidad de ampliar el plazo para permitir una implementación más ordenada. Sin embargo, advirtió que si no se aprueba una prórroga, el Ministerio continuará con el plan establecido y reforzará la coordinación entre la Dirección General de Transportes, Provial y la Policía Nacional Civil de Tránsito.
Llamado a denunciar y cambiar la cultura vial
Suriano también hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar irregularidades, al admitir que persiste temor por desconfianza en las instituciones.
“Estamos trabajando para dar respuestas a la población que denuncia”, afirmó.
Finalmente, recordó que la normativa sobre limitadores de velocidad no es reciente. “No es un tema coyuntural; lleva más de 15 años en la ley y 10 años vigente”, subrayó.
Mientras el Congreso define si otorga una prórroga o modifica el marco legal, el Ejecutivo mantiene su postura: la seguridad vial no puede postergarse, porque —según insistió— lo que está en juego es la vida de los guatemaltecos.
