Profesores, alumnos y familias se han concentrado este jueves a las puertas del IES Julio Verne de Bargas para mostrar su rechazo a la violencia y su apoyo al equipo directivo tras la agresión del pasado jueves 19 de febrero. Como informó ABC, tres … menores —dos alumnas, hermanas entre sí, y su hermano, que participaba en una jornada de puertas abiertas— iniciaron una pelea con un estudiante del instituto por causas que no han trascendido. Docentes y miembros del equipo directivo intervinieron para separar a los implicados y tratar de calmar la situación.
Lejos de rebajar la tensión, los tres menores comenzaron a proferir insultos y amenazas contra los profesores. La situación fue escalando hasta que el jefe de estudios recibió una patada en la pierna. Ante la violencia, acudió en su despacho junto a otros miembros del equipo directivo para avisar a la Guardia Civil. Sin embargo, los menores asaltaron la zona de dirección e intentaron agredir a otro docente. «El episodio fue muy violento», explican fuentes del centro. Desde entonces, reconocen, han sido días «muy duros».
Uno de los profesores que recibió amenazas y contra el que intentaron abalanzarse admite a ABC que diez días después de lo ocurrido, admite que apenas ha podido dormir. «Lo que nosotros necesitamos son herramientas, y esas herramientas nos las tiene que proporcionar la Administración para poder proteger a los alumnos y al profesorado. Con lo que tenemos hasta ahora no es suficiente», asegura. El profesor resume así la sensación de desproporción: «No entendemos que actos mucho más leves tengan sanciones prácticamente equivalentes a agredir, insultar y amenazar a miembros del equipo directivo». Desde el instituto subrayan que no cuestionan la legalidad de las decisiones, pero sí reclaman cambios normativos o respaldo institucional. «Cuando proponemos sanciones mayores, no nos las segundas. Entendemos que la ley está hecha así, pero entonces son ellos quienes tienen que apoyarnos para modificarla o dotarnos de más herramientas», sostienen.
«No entendemos que actos mucho más leves tengan sanciones prácticamente equivalentes a agredir, insultar y amenazar a miembros del equipo directivo»
Todos los miembros del equipo directivo implicados han presentado denuncia por vía penal. Además, el centro ha solicitado formalmente a la Consejería de Educación que se persona en la causa, así como asistencia jurídica común para el equipo y apoyo psicológico para los docentes afectados.
«Pedimos expresamente asistencia jurídica y psicológica el 25 de febrero y no hemos recibido respuesta», denuncia uno de los afectados. Sí se ha puesto en contacto con el jefe de estudios agredido la Unidad de Atención al Profesorado, que le ha facilitado un abogado, pero el resto del equipo directivo asegura no tener constancia de que la Consejería vaya a personarse en la causa. «Estamos hablando de que la empresa tiene que proteger a sus trabajadores», insiste el profesor.
Estrés postraumático docente
En el plano personal, reconoce que ha sido diagnosticado de estrés postraumático tras acudir a urgencias por agotamiento extremo. «Llevo prácticamente diez días durmiendo una o dos horas. He tenido que ir al médico para que me ayuden a dormir. No estoy de baja y no quiero ponerme de baja, porque sería como tirar la toalla», explica. Ante la falta de respuesta administrativa, asegura que acudirá a un psicólogo por su cuenta. «Lo voy a pagar de mi bolsillo si hace falta, porque por encima de todo soy yo. Pero creemos que la Administración debería proporcionar esa asistencia».
Amenazas y odio en la red
La tensión no se ha limitado al episodio del 19 de febrero. Otro docente, que prefiere mantenerse en el anonimato, denuncia que en los últimos días se han difundido amenazas en una web, con insultos, mensajes de odio e incluso la publicación de matrículas y direcciones particulares de profesores.
«Se han puesto barbaridades. Eso ya está en manos de la Guardia Civil», señala. También se han producido actos vandálicos contra vehículos de docentes: lanzamiento de objetos contra la luna de un coche, escupitajos y pequeños daños materiales.
«Han visto la debilidad y hay una crecida de actos que en 20 años que llevo aquí no había visto», lamenta este profesor, que insiste en que la situación «la tiene que parar la Administración antes de que vaya a más».
Actos vandálicos
Los trabajadores del centro destacan el respaldo recibido por parte del Ayuntamiento de Bargas, la Policía Local y de la Guardia Civil, con quienes han mantenido reuniones en los últimos días. «Se están portando de lujo con nosotros, el apoyo es espectacular», subrayan.
El debate, insisten, no es únicamente jurídico, sino también pedagógico. «Si por sacar el móvil me pueden expulsar tres semanas y por agredir a un profesor un mes, el mensaje que perciben algunos alumnos es que no hay una diferencia proporcional», reflexiona otro docente. Aclara que no se trata de equiparar conductas ni de pedir castigos ejemplarizantes sin base legal, sino de reclamar coherencia y protección: «El daño que se puede hacer no es comparable. Necesitamos herramientas para poder actuar y parar esto»: «Nos sentimos desprotegidos, pegar a un profesor sale barato».
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El IES Julio Verne de Bargas.
(VS)
José Gutiérrez: «Es un hecho puntual y se va a actuar con total contundencia»
El delegado provincial de Educación, José Gutiérrez, ha asistido este mediodía a la concentración del IES Julio Verne de Bargas, un acto al que también se ha sumado el alcalde de la localidad, Marco Antonio Pleite, así como el exconsejero de Educación de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, quien ha querido mostrar su solidaridad con el profesorado. Gutiérrez ha trasladado un mensaje de respaldo a los docentes que se sienten desprotegidos y ha asegurado que la administración educativa ha accionado desde el primer momento.
Según ha explicado ABC, el centro ha contado con el apoyo del servicio de inspección educativa, que mantiene contacto permanente con el instituto desde que se producen los hechos para realizar las medidas correspondientes y asesorar sobre las necesarias para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. Asimismo, ha señalado que el propio consejero de Educación del Gobierno regional, Amador Pastor, ofreció desde el inicio el acompañamiento institucional y puso a disposición del centro todas las herramientas de la administración autonómica. Tras la denuncia presentada, también se ha activado la Unidad de Atención al Profesorado, que ya se ha puesto en contacto con el equipo directivo y con el docente agredido para brindarle apoyo y asesoramiento.
El delegado provincial ha subrayado que, además de ese acompañamiento, la Consejería está orientando al centro educativo para que actúe «con total contundencia» ante lo sucedido. «Lo primero es condenar los hechos; lo segundo, mostrar el apoyo a toda la comunidad educativa —por eso estamos hoy aquí—; y lo tercero, recordar que se trata de hechos muy puntuales», ha afirmado. En este sentido, Gutiérrez ha insistido en que lo ocurrido en el instituto de Bargas «no es lo normal» y que, precisamente por ello, se aplicarán con firmeza las normas de organización y funcionamiento del centro y el decreto de convivencia para responder a la agresión. El delegado también ha querido contextualizar el suceso recordando que Castilla-La Mancha cuenta con alrededor de 1.730 centros educativos y que un episodio como este no representa la realidad general del sistema educativo en la región ni en la provincia.
