Esta semana, Donald Trump amenazó con establecer un embargo comercial sobre la economía española como represalia por la negativa de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases estadounidenses para sus operaciones militares unilaterales en Irán. Pero, ¿qué significa exactamente «embargar» la economía española? … De entrada, recordemos algo que debería ser ya conocido: un embargo no equivale a un bloqueo comercial. En un bloqueo comercial, una potencia armada extranjera impide que un país comacie con el resto del mundo; en un embargo, sólo se suspenden los flujos comerciales bilaterales entre el país que establece el embargo y el país que está embargado. No es el fin del mundo, pero tampoco es ‘peccata minuta’. Ahora bien, ¿cuán verosímil es que esa amenaza llegue a materializarse y cuánto nos perjudicaría? Bastante menos de lo que podría parecer a primera vista.
Las palabras de Trump hay que contextualizarlas en la reciente sentencia del Tribunal Supremo que le privó de capacidad para imponer aranceles discrecionales pero le dejó intacta la potestad de imponer embargos. Donde antes habría amenazado con aranceles del 50% o del 100%, ahora agita el espantajo de cercenar de cuajo los flujos comerciales bilaterales porque los aranceles ya no están a su disposición.
Pero un embargo contra España tropieza con obstáculos que lo hacen políticamente inviable. El primero es que la política comercial exterior es competencia exclusiva de la Unión Europea, y la Comisión ya ha dejado claro que una amenaza contra un Estado miembro es una amenaza contra la Unión. Además, las cadenas de valor europeas están tan integradas —componentes españoles en productos alemanes, semielaborados que cruzan varias fronteras antes de convertirse en bienes finales— que aislar quirúrgicamente a un solo miembro del Estado resulta operativamente inviable. Un conflicto comercial con toda la Unión por culpa de España es un precio que Trump no parece dispuesto a pagar.
El segundo obstáculo es, paradójicamente, la propia lógica mercantilista de Trump. España mantiene un déficit comercial bilateral con Estados Unidos —le compra más de lo que le vende—, de modo que, dentro de su (erróneo) marco conceptual, quien más saldría perdiendo de un embargo sería la economía estadounidense. La realidad económica apunta justamente en sentido contrario: España, mucho más dependiente de las importaciones estadounidenses (sobre todo del gas natural licuado, el 30% de su consumo gasístico), sufriría un ‘shock’ más agudo a corto plazo. Sea como fuere, cortar selectivamente el suministro de GNL tampoco resulta factible: exigiría revocar licencias de exportación a Europa ya otorgadas en favor de compañías estadounidenses, exponiéndose a litigios milmillonarios.
¿Qué puede hacer entonces Trump dentro de lo factible? Fundamentalmente, dos cosas: limitar o expulsar a compañías españolas de concesiones públicas en Estados Unidos, y bloquear la transferencia de tecnología civil y militar estadounidense hacia empresas españolas (incluida la venta indirecta a través de terceros, que requiere licencia norteamericana). Son palancas reales, dañinas para determinadas grandes empresas, pero que distantes años luz de un embargo global. Habida cuenta de las pésimas relaciones entre ambos gobiernos, es una suerte que Washington carezca de instrumentos eficaces para castigarnos a todos los españoles por las decisiones de nuestro presidente: porque, a juzgar por el tono de la Casa Blanca, la voluntad no le falta.
