el sistema de salud colombiano se prepara para uno de los movimientos administrativos más grandes y controvertidos de su historia reciente. el Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026expedido por el Gobierno Nacional, ordena el traslado de 6’519.719 afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS) en un plazo de apenas tres meses. Se trata de una redistribución masiva de pacientes que, aunque fue presentada por el Ministerio de Salud como un ejercicio técnico de reorganización territorial del aseguramiento, ha encendido las alertas de expertos, académicos y organizaciones de pacientes que advierten reales para la continuidad de tratamientos y para el ejercicio del derecho a elegir riesgos asegurador.
La magnitud del traslado es difícil de dimensionar sin acudir a las cifras: equivale a más del 12 % de todos los afiliados del sistema de salud colombiano. En la práctica significa que millones de personas verán modificado su EPS sin haberlo solicitado, y en muchos casos también tendrán que adaptarse a nuevas redes hospitalarias, médicos tratantes, centros de diagnóstico y procedimientos administrativos. Es decir, detrás de un cambio que en el papel aparece como un simple ajuste de afiliación, se esconde un movimiento que puede alterar tratamientos médicos en curso, rutas de atención y relaciones clínicas construidos durante años.
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Para quienes estudian el sistema, el decreto abre además un nuevo capitulo en la disputa política y jurídica por la reforma a la salud. No es la primera vez que el Gobierno intenta rediseñar el aseguramiento mediante instrumentos administrativos. Antes lo hizo con el Decreto 0858 de 2025una norma con la que el Ministerio de Salud buscó implementar cambios estructurales en el funcionamiento del sistema luego del estancamiento de la reforma en el Congreso. Aquella iniciativa terminó suspendida por el Consejo de Estadoque demostró que el Ejecutivo se habia extralimitado Alabama modificar por decreto materias que corresponden a la ley.
Ahora el Gobierno retoma parte de ese camino con una estrategia distinta. el Decreto 0182 no eliminar formalmente a las EPS ni redefinir explícitamente el modelo de salud, pero introducir criterios de habilitación territorial que obliga a varias entidades a salir de determinados municipios si no alcanzan ciertos niveles mínimos de afiliación. En municipios grandes solo podrán operar las EPS que superen el 3 % de los afiliados; en departamentos con más de dos millones de habitantes el umbral sube al 5 %y en territorios más pequeños puede llegar hasta el 15 %. En poblaciones con menos de 20.000 habitantes, incluso, el decreto permite que opere una sola EPS.
Cuando una entidad no cumple esos criterios debe retirarse del territorio. ¿Qué ocurre con sus afiliados? El decreto crea un mecanismo de “asignación especial” mediante el cual el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) redistribuyen automáticamente a los usuarios entre las EPS que permanecen habilitadas. el traslado es obligatorio tanto para los pacientes como para las entidades receptoras, y los usuarios deberán permanecer al menos 60 días en la nueva EPS antes de poder ejercer el derecho de libre escogencia. En municipios donde solo queda una o dos entidades habilitadas, ese derecho se vuelve, en la práctica, apenas formal.
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Las cifras del reordenamiento muestra hasta qué punto el mapa del aseguramiento cambiará en cuestión de meses. De acuerdo con cálculos de organizaciones de usuarios, 6’519.719 afiliados serán redistribuidos entre EPS. La entidad que recibirá el mayor volumen de pacientes será Nueva EPSque pasará de 11,58 millones de afiliados a 14,19 millones, un aumento de 2,6 millones de personas en apenas tres meses. Al mismo tiempo, otras aseguradoras verán reducidas reducidas su población: Asmet Salud perderá el 54,7 % de sus afiliados; Coosaludel 29,2 %; familiarizar, el 28,4 %, y Emsanar, el 21,3 %. Algunas entidades medianas, como SOS y Comfenalco Valle, crecerán a tasas superiores al 40 %.
El cambio también se reflejará en la geografía del sistema. En 504 municipios del país solo quedará autorizada una EPS: Nueva EPS. En esos territorios, los afiliados no tendrán una alternativa real de asegurador y su atención quedará concentrada en una sola entidad. Entre los municipios donde ocurrirá esta situación se encuentran El Doncello (Caquetá), Córdoba y Barranco de Loba (Bolívar), Canalete (Córdoba) y Candelaria (Atlántico), entre muchos otros.
La decisión de concentrar afiliados en esa entidad ha despertado preocupación especial debido a su situación financiera y operativa. Según datos de la Contraloría General de la República, la deuda de Nueva EPS creció 198 % entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones. En ese mismo periodo su patrimonio pasó de registrador 485.209 millones de pesos positivos a un patrimonio negativo de 6,25 billonesuna situación que el organismo de control calificó como una “inviabilidad estructural”. Al mismo tiempo, clínicas y hospitales del país han interpuesto embargos por más de dos billones de pesos debido a la falta de pagos, lo que evidencia la presión que enfrenta la red prestadora.
Los impactos en los pacientes
En medio de ese contexto, el traslado masivo de pacientes abre interrogantes sobre la continuidad de la atención médica. Para organizaciones de pacientes, el problema central es que el cambio de asegurador no ocurre en abstracto: Afecta los tratamientos que ya están en curso.. “El traslado masivo de usuarios no es un simple cambio administrativo de afiliación, como lo quieren hacer ver. En la práctica implica el traslado de procesos terapéuticos complejos que ya están en curso”, explicó Martha Herrera, directora de la Fundación Colombiana para las Enfermedades Huérfanas. Según advierte, el riesgo es particularmente alto en pacientes con enfermedades raras, cáncer, patologías respiratorias o condiciones crónicas de alta complejidadcuyos tratamientos dependen de una continuidad estricta.
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Cuando un paciente se encuentra en medio de una terapia especializada —como un ciclo de quimioterapia, un tratamiento biológico o la administración de medicamentos huérfanos— cualquier cambio en el asegurador puede generar revalidaciones de autorizaciones, modificaciones en la red de prestadores o demoras en la entrega de medicamentos. “Eso ya lo hemos visto cuando se liquidan EPS. La entidad receptora empieza a poner barreras: volver a confirmar diagnósticos, repetir pruebas, reautorizar tratamientos. Eso no solo implica un detrimento para el sistema, sino un riesgo real para la vida de los pacientes”, señaló Herrera.
Las organizaciones de pacientes van aún más lejos en sus críticas. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, sostiene que el decreto limita derechos fundamentales del sistema, como la libre elección y la portabilidad. En los municipios donde solo quedará una EPS habilitada, advierte, los usuarios quedarán prácticamente atrapados en una sola entidad. “Los pacientes pierden el derecho a la libre elección y la movilidad dentro del sistema”, afirma.
Esa misma preocupación la comparte Álvaro Molina, vocero de la Mesa de Asociaciones de Usuariosquien cuestiona la forma en que el Gobierno ha presentado la medida. “El Ministerio dice que no está haciendo un traslado de EPSpero cuando usted saca a un usuario de una EPS y lo pasa a otra, eso en lógica sencilla es un traslado”, explica. Para Molina, el problema no es solo el cambio en sí mismo, sino el momento en que se produce. “Puede que tenga lógica reorganizar territorialmente el sistema, pero lo que no tiene lógica es hacerlo en medio de la crisis real y trasladar más de dos millones de colombianos a una EPS que lleva casi dos años intervenida y que ha mostrado deterioro en sus indicadores de servicio”, dice.
El vocero de usuarios también advierte que el impacto podría trasladarse a los hogares. “Vamos a ver incremento en gastos de bolsillo y dificultades para las familias que tienen pacientes con enfermedades huérfanas o de alta complejidad”, afirma. A su juicio, la incertidumbre que genera el cambio puede traducirse incluso en mayores niveles de angustia entre los pacientes. “La angustia también enferma”, dice.
En la práctica, los Los riesgos se vuelven más visibles. cuando se aterrizan en casos concretos. Molina menciona, por ejemplo, el caso de pacientes que se encuentran en lista de espera para trasplantes de órganos o que reciban ciclos de quimioterapia. Si el asegurador cambia en medio del proceso, el tratamiento puede detenerse mientras se reorganiza la atención. Lo mismo ocurre con pacientes trasplantados que dependen de medicamentos inmunosupresores o con personas que siguen terapias complejas para enfermedades raras.
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Desde la perspectiva de salud publicael impacto de trasladar millones de afiliados al mismo tiempo también planteamos retos operativos para el sistema. el salubrista Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, explica que los procesos de migración masiva Suelen generar retrasos en autorizaciones, cambios en las redes de prestadores y dificultades para garantizar la continuidad de tratamientos. Pero el problema no se limita a la atención especializada. También puede afectar programas esenciales del sistema, como el seguimiento de enfermedades cronicas, los controles de salud materno-infantil o las campañas de vacunación.
“Cuando se mueven millones de pacientes al mismo tiempo, el riesgo no está en el cambio administrativo sino que durante la transición se interrumpen tratamientos, controles o rutas de atención, especialmente en poblaciones vulnerables”, advierte Hernández. Si la transición no se gestiona con cuidado —añade— pueden aparecer congestiones en call center, pérdida temporal de información administrativa o duplicidad de trámites que terminan afectando a los pacientes.
Las Las críticas también se extienden al terreno jurídico.. Para el exministro de Salud Augusto Galán, el decreto introduce modificaciones estructurales en el sistema de aseguramiento que deben tramitar mediante una ley. “Se está haciendo una modificación muy estructural del aseguramiento por vía de decreto”, afirma. A su juicio, el mayor riesgo no está en el traslado administrativo en sí mismo, sino en lo que puede ocurrir mientras se reorganizan las redes de atención. “Lo más delicado es qué pasará con los pacientes que tienen tratamientos que no se pueden suspender. Mientras se contrata la nueva red y se hacen los ajustes administrativos, esos pacientes pueden quedar sometidos a riesgos muy grandes”, explica.
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Mientras las demandas contra el decreto avanzan en el Consejo de Estado, el proceso de redistribución de afiliados ya comenzó a tomar forma en el sistema. En los próximos meses, el traslado de más de seis millones de pacientes se sentirá en hospitales, farmacias y consultorios de todo el país. Allí, lejos del lenguaje técnico de los decretos y de las disputas jurídicas, se medirá el verdadero impacto de una decisión administrativa que puede redefinir el funcionamiento del aseguramiento en Colombia.
Porque como coinciden expertos y organizaciones de pacientesmover millones de nombres en una base de datos es apenas la parte visible del cambio. el desafío real será garantizar que, en medio de la mayor redistribución de afiliados en décadas, ningún tratamiento se interrumpe y ningún paciente ve comprometido su derecho a la salud.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
