En el 2025, los trabajadores reportaron una caída en el empleo formal, tras el alza al salario mínimo decretado por el Ejecutivo. Sectores como maquila y exportación fueron los más afectadossegún la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), debido a la pérdida de competitividad, problemas logísticos y altos costos laborales.
Aunque el salario mínimo beneficia a una parte de la población ocupada, la afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) creció a un ritmo más lento que el año anterior, lo que evidencia una desaceleración en la contratación formal.
El impacto, según el sector empleadores, ha sido la caída del empleo formal desde febrero, principalmente en maquilas y actividades de exportación. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), indicó que los datos de afiliación al IGSS reflejan ese efecto, el cual se suma a la baja competitividad en infraestructura.
Guillermo Díaz, del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas (Icesh), de la Universidad Rafael Landívar, señaló que existe una desaceleración en el ritmo de afiliación al IGSS.
“En agosto del 2024 se observará un crecimiento del 7%, mientras que en el mismo mes del 2025 fue del 4%”, advirtió.
Sin embargo, indicó que otros factores también inciden en ese comportamiento. “No son solo los salarios mínimos —dijo—, también influyen, por ejemplo, los aranceles, que han tenido cierto impacto”.
Añadió que, pese a las previsiones de inflación, al cierre del 2025 esta se mantiene como una de las más bajas registradas.
Díaz afirmó que las mejoras salariales ayudan a reducir la pobreza laboral —que incluye a personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria—. En el 2022, la pobreza laboral se situaba en el 60%, y en el 2024 fue del 52%. Están pendientes los datos del mercado laboral del 2025 para medir el impacto de la decisión presidencial.
Zapata comentó que el alza al salario mínimo se suma a la pérdida de competitividad provocada por la deficiente infraestructura en carreteras y puertos. Añadió que el gran desafío es la formación bruta de capital fijo, que es muy baja: 1.6% del producto interno bruto (PIB), cuando debería alcanzar al menos el 4%.
Explicó que el salario mínimo en Guatemala es más alto que en otros países de Latinoamérica, sin que el país tenga la misma competitividad. Sin embargo, Ortega opina que el salario mínimo aún no cubre el costo de la canasta básica.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) calculó, para octubre, el costo de la canasta básica en Q712 por persona en áreas rurales y Q922 en zonas urbanas.
Informalidad
Zapata recalcó que el aumento al salario mínimo se aplica solo al 20% de la población ocupada que tiene empleo formal y cotiza al IGSS; el resto sigue en la informalidad.
Aunque a escala nacional la informalidad se reduce levemente, en el área metropolitana pasó de 48.8% en el cuarto trimestre de 2024 a 46.1% en el primer trimestre de 2025, y 45.2% en el segundo, según Hernández.
Mientras tanto, los cotizantes al IGSS del sector privado aumentaron 5.2% a julio de este año, ritmo inferior al 8.1% del 2024.
“Lo que se debe hacer es mejorar los ingresos reales de toda la población, y para ello es necesario aumentar la competitividad”, explicó, al sugerir que el Gobierno impulse medidas para mejorar la infraestructura y resolver los problemas logísticos que impactan la productividad.
decisión política
Edwin Ortega, representante sindical en la Comisión Nacional del Salario (CNS) en el 2012, comentó que el papel de dicha instancia es permitir que los sectores presenten sus planteamientos, y “no forzosamente llegar a un consenso”, ya que la Ley faculta al presidente a tomar una decisión política con base en los insumos presentados.
Entre estos insumos están los análisis del Banco de Guatemala (Banguat), el INE y el IGSS, agregó Ortega.
El Código de Trabajo establece que el salario mínimo debe fijarse periódicamente, tomando en cuenta que cubre las necesidades materiales, morales y culturales del trabajador y las posibilidades patronales. Alcanzar ese equilibrio es parte de un debate polarizado, en el que surgen criterios técnicos y posiciones políticas.
Hernández recordó que el CNS conoció las posturas sobre los salarios mínimos para el 2026, y ante la falta de consenso, la decisión final corresponde al presidente de la República.
Durante 14 años consecutivos, el mandatario de turno ha tenido que decidir el rumbo salarial del país.
La inflación se mantiene baja
Los salarios de quienes se dedican a actividades no agrícolas, así como de los empleados de maquilas y empresas de exportación, recuperarán parte del poder adquisitivo. Se mantiene la estabilidad en el empleo formal y, a escala nacional, la informalidad se redujo ligeramente de 66.7 a 66.1%, según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).
Julio Hernández, director de Estadística del Mintrab, señala estos tres elementos como parte del efecto de la decisión del presidente Bernardo Arévalo, quien —en su primer año de gobierno— decretó un aumento del 10% para las actividades agrícolas y no agrícolas en la Circunscripción Económica 1 (CE1) y la Circunscripción Económica 2 (CE2); y del 6% para las actividades de exportación y maquila en ambas circunscripciones.
Además, el crecimiento de la economía se proyecta en 4%, superior al 3,7% alcanzado en el 2024, y la inflación interanual está muy por debajo del promedio del año pasado, que fue de 3,8%, “lo que permite que el incremento salarial no se erosione por el aumento de precios”, agregó Hernández.
En el 2024, la inflación fue del 1,7%, una de las más bajas registradas en el país. Hasta octubre de este año, ese indicador se ubicó en 1,26%, según el INE.
