Un bufete de abogados estadounidenses sin fines de lucro anunció este lunes que, en nombre de varias empresas, presentó una nueva demanda contra el impuesto aduanero del 15 % que el Gobierno Trump quiere imponer después de que el Tribunal Supremo tumbará buena parte de su política arancelaria.
Liberty Justice Center, asociación que ya jugó un papel clave para que el máximo tribunal estadounidense anulara los mal llamados ‘aranceles recíprocos’ al presentar una demanda en representación de cinco pequeñas empresas, entabló otra denuncia por los nuevos gravámenes ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos en nombre de otro grupo de compañías distintas.
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La empresa de especias y comercio electrónico Burlap & Barrel encabeza la demanda junto con Basic Fun!, una empresa de juguetes y ambas ya habían litigado en ocasiones anteriores ante distintas instancias por el asunto de los aranceles.
Donald Trump impulsa una agresiva política arancelaria en su segundo mandato. Foto:Archivo EL TIEMPO
La demanda se suma a una similar que ya presentó la semana pasada un grupo de fiscales generales demócratas.
En ese entonces, los fiscales indicaron en una conferencia de prensa que los gravámenes no cumplen los requisitos de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que el Gobierno de Trump invocó, y violó la protección constitucional de la separación de poderes.
Argumentaron que ningún presidente ha intentado jamás imponer aranceles utilizando la Sección 122, diseñado específicamente para permitir aranceles limitados en determinadas crisis monetarias, incluyendo un déficit significativo de balanza de pagos, un problema económico específico que puede ocurrir en un sistema de tipo de cambio fijo como el patrón oro.
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Sin embargo, EE.UU. Abandonó dicho sistema de cambio hace medio siglo y, como resultado, los problemas de balanza de pagos ya no ocurren, destacaron.
“Es un estatuto arcaico que nunca fue concebido para el propósito actual que le da la Administración Trump”, afirmó el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield.
Los fiscales afirman en el documento legal que el mandatario está usurpando poderes, ya que la autoridad para imponer aranceles corresponde al Congreso.
Los impuestos anteriores se basaron en una ley de poderes de emergencia de 1977. Foto:EFE/EL TIEMPO
Los beneficios anteriores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se basaban en una ley de poderes de emergencia de 1977, que el Tribunal Supremo demostró que no ammparaba la imposición de las tarifas.
Los nuevos impuestos del presidente que instauró como represalia a la decisión judicial se imponen al amparo del Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974.
Aunque la norma establece que los aranceles no pueden imponerse sin límite y sin pasar por el Congreso, Trump ya ha advertido que su intención no es pedir ninguna autorización al Legislativo.
Tribunales se enfrentan también a otro asunto delicado en relación a la política económica de Trump. Foto:EFE
Al margen de esta batalla judicial que se abre sobre la legalidad del arancel general del 15 %, los tribunales se enfrentan también a otro asunto delicado en relación a la política económica de Trump.
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La lucha por los reembolsos de los 166 mil millones de dólares en aranceles que el Tribunal Supremo anuló Sigue adelante y se presenta como una amenaza para las arcas públicas de Estados Unidos.
Son muchas las empresas que han resultado afectadas por los aranceles y que se han unido para solicitar una indemnización por los daños causados y esto supondría un costo millonario para la Administración Trump.
