Ha salido recientemente a la luz en El País que la editorial Dolmen lleva años acumulando impagos a todo tipo de proveedores, desde autores hasta impresores. No es esta la primera vez que se airean las miserias y vergüenzas del microcosmos editorial. Habrá quienes recuerden cómo en 2018 el grupo editorial Malpaso, tras un sonado traspié, fue objeto de una campaña pública de quejas por impagos a autores, traductores, correctores, agentes literarios e imprentas. Estos son solo dos ejemplos que han llegado a los medios, pero no son tan excepcionales. La mala praxis editorial en materia de incumplimiento de contratos, retrasos en los pagos y deudas está a la orden del día, y para cerciorarse de este secreto a voces basta con preguntar a casi cualquier profesional del gremio.
Por desgracia, estas prácticas podrían ser cada vez más la norma en la industria editorial española si seguimos por la senda actual. Se trata de un sector plagado de desigualdades y, por tanto, propenso a los abusos de poder. Esto ocurre esencialmente porque las editoriales, ya sean de grandes grupos o más bien independientes, ostentan en España una ventajosa posición de poder, tanto social y cultural como económica y política. Y ocurre también porque, de momento, no existen mecanismos efectivos para contener este derivado.
