La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, coincidieron ayer en trasladar dos mensajes a la ciudadanía al término de la reunión del Consejo de Ministros. El primero fue de “tranquilidad”, porque alegaron que, pese a que las consecuencias de la guerra de Irán ya están afectando al bolsillo de los españoles, la crisis energética e inflacionaria derivada de este nuevo conflicto no se prevé tan grave como la que provocó la guerra de Ucrania en el 2022, debido a la menor exposición de España al gas y el petróleo de Oriente Medio. El segundo mensaje fue que el Gobierno va a tomar medidas para proteger a los ciudadanos, con una “respuesta integral”. “Estamos preparados para actuar”, aseguraron.
Pero sin las prisas que ya exigen los aliados y la oposición. Como el decreto ley que aprobará el Gobierno con las nuevas medidas anticrisis después habrá de ser validado por el Congreso, en la Moncloa alegan que “primero hay que decidir qué medidas son más eficaces para hacer frente a este conflicto y que conciten mayor apoyo en el Parlamento”.
En la Moncloa ya dan por hecho que el partido de extrema derecha “no descolgará el teléfono”
Así que el Ejecutivo anunció que en primer lugar abrirá dos rondas de contactos, tanto con los grupos parlamentarios –que liderará el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños– como con los agentes sociales, para diseñar este plan de choque. De esta manera, el proyecto podría estar al menos esbozado cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso el próximo 25 de marzo para informar de la situación, tras la reunión del Consejo Europeo prevista en Bruselas para los días 19 y 20 de este mismo mes.
La novedad en esta nueva ronda con los grupos parlamentarios es la inclusión de Vox, aunque en la Moncloa ya dan por hecho que el partido de extrema derecha “no descolgará el teléfono”.
A la espera de recibir esa llamada, los partidos han comenzado a fijar posiciones. Podemos ha llegado a plantear la nacionalización de Repsol, mientras que Sumar apuesta, entre otras, por intervenir el mercado para evitar que las empresas amplíen sus márgenes de beneficio en un contexto de crisis. Matices a parte, el bloque de izquierdas coincide en que la mayoría social no debe pagar las consecuencias económicas de “las guerras ilegales por petróleo y dinero”. Con esa premisa, ERC y Compromís ya trabajan en la elaboración de un conjunto de documentos que aspiran a ampliar con el respaldo de otras formaciones.
En el PP, Vox y UPN predomina la desconfianza hacia cualquier respuesta basada en un mayor “intervencionismo del Estado”. Los populares, de hecho, insisten en reclamar una reducción del IRPF y del IVA energético, además de la supresión del impuesto a la generación eléctrica.
Y entre ambos bloques se sitúan, con matices propios, Junts y PNV. Aunque forman parte de la mayoría que facilitó la investidura de Sánchez, en el terreno económico se muestran más próximos a las tesis de rebajar la presión fiscal que a ampliar el catálogo de ayudas directas o bonificaciones estatales. Ambas formaciones defienden medidas que alivian los costes para empresas y consumidores, pero evitando –según sostienen– un aumento del gasto público que pueda comprometer el equilibrio presupuestario.
