Argentina alcanzó un acuerdo con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fundlos últimos acreedores que mantenían judicializada deuda soberana del default de 2001. El anuncio se formalizó este martes por la noche mediante una carta presentada ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York.
El documento marca un punto de inflexión en un litigio que se extiende por más de dos décadas. Las partes solicitaron a la magistrada suspender el proceso judicial, incluyendo el pedido presentado por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, que buscaba embargar la participación del Estado argentino en Aerolíneas Argentinas y el Banco de la Nación Argentina.
La suspensión del litigio queda condicionada a la finalización del acuerdo de conciliación. Mientras tanto, la amenaza de embargo sobre dos de las empresas más emblemáticas del Estado quedó neutralizada.
Estos fondos, conocidos popularmente como “buitre”, habían obtenido sentencias favorables contra Argentina. Durante años presionaron a través de distintas instancias judiciales para cobrar acreencias que se remontaban al colapso financiero de principios de siglo.
Cómo se repartirán los fondos embargados en la Reserva Federal
El acuerdo entre Attestor y Bainbridge incluye un punto clave: la división de los colaterales de bonos argentinos embargados que estaban depositados en la Reserva Federal de Estados Unidos.
La carta presentada ante la jueza Preska no especifica los montos exactos ni los porcentajes que corresponderán a cada fondo. Tampoco detalla el cronograma de pagos ni las condiciones financieras del arreglo.
Lo que sí quedó claro es que ambos fondos llegaron a un entendimiento privado para repartir esos activos. La República Argentina se comprometió a respetar ese acuerdo como parte de la negociación global.
Este tipo de arreglos suele incluir quitas sobre el capital reclamado, intereses diferidos y plazos de pago extendidos. En litigios similares del pasado, los fondos aceptaron descuentos significativos a cambio de certeza de cobro.
Qué pasó con el pedido de embargo sobre YPF
Un punto que genera incertidumbre es el silencio de la carta respecto de YPF. El documento no aborda la moción de Bainbridge que solicita el “turnover” (entrega forzosa) de las acciones de la petrolera estatal, una de las joyas de la corona del patrimonio público argentino.
La omisión no es menor. Ese pedido había sido uno de los más agresivos presentados por los fondos en los últimos meses, apuntando directamente contra una empresa estratégica y cotizable en bolsa.
Fuentes judiciales consultadas sugieren que la moción sobre YPF podría ser retirada en una segunda instancia, una vez que se formalice completamente el acuerdo. Pero también existe la posibilidad de que forme parte de una negociación paralela.
Por ahora, la jueza Preska deberá resolver si acepta la suspensión solicitada. En casos similares, los magistrados estadounidenses suelen aceptar este tipo de pedidos cuando existe evidencia de avances concretos hacia un acuerdo.
Qué sigue en el proceso judicial y cuándo se sabrán los detalles
La carta presentada ante el tribunal incluye un compromiso de las partes: informar periódicamente sobre el estado del acuerdo y comunicar cualquier necesidad de continuar con el proceso judicial.
Esto implica que el litigio queda en una especie de limbo legal. No se cierra definitivamente, pero tampoco avanza mientras se ultiman los detalles de la conciliación.
Las partes anunciarán oportunamente al tribunal el estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso, según quedó asentado en el documento. Este tipo de cláusulas suele usarse cuando restan definir aspectos operativos o administrativos del arreglo.
Para Argentina, este acuerdo representa un alivio significativo en materia de deuda externa y litigios internacionales. Los fondos buitre fueron uno de los principales dolores de cabeza. de las últimas administraciones, con embargos sobre activos en el exterior y presiones constantes en tribunales extranjeros.
El cierre de este capítulo judicial despeja el camino para que el país pueda mejorar su perfil crediticio y reducir el riesgo de nuevos embargos. También envía una señal positiva a los mercados sobre la capacidad del Gobierno para negociar con acreedores litigiosos.
