El presidente Javier Milei cumplirá esta semana dos años de mandato. En el transcurso de esta primera etapa de su gobierno, no se nombró ni a un solo juez. Tampoco se designaron fiscales ni defensores oficiales. Cuando comenzó la gestión libertaria se retiraron 222 pliegos que estaban en el Congreso para su tratamiento. Y la fecha ya se acumulan 313 en el Ministerio de Justicia. “Es una prioridad enviarlos”, aseguran fuentes de dicha cartera -pese a reiterados anuncios fallidos-, pero aseguran que la nueva conformación de la Cámara Alta “otorga otras posibilidades para votar los cargos”.
El 1 de marzo, ante la Asamblea Legislativa, el presidente dijo que “tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la Justicia Federal, incluidos el procurador general, el defensor general, el defensor del pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la Justicia Federal”.
Pero esa promesa no se cumplió y, a la fecha un tercio del Poder Judicial está vacante. Cuando Javier Milei asumió en la Casa Rosada, el porcentaje de sillones vacíos era del 30,5%. A la fecha esa cifra asciende a 32,93%. Sin embargo, ante renuncias presentadas y jubilaciones ya en trámite, ese número Llegará al 36%.
En el Ministerio Público Fiscal, la crisis de los sillones vacíos es aún más grave. Como contó Clarínde cara al 2026 las vacancias treparán cifras sin precedentes: más del 47%.
Mientras los cargos continúan vacantes, los sillones de jueces y fiscales se convierten en una carta de negociación entre el Gobierno y el Congreso. Es la explicación por la cual el Ministerio de Justicia aún no remite al Senado los pliegos que retiene hace casi dos años.
Ante la consulta de Clarín, Fuentes oficiales indicaron que con la nueva conformación del Congreso está entre “las prioridades y primeras medidas, remitir los pliegos”.
El incremento responde a las ternas que continuó enviando el Consejo de la Magistratura, organismo responsable de realizar los concursos para cubrir los cargos del Poder Judicial y su posterior evaluación para la conformación de las ternas que se envían al Ejecutivo Nacional.
El total de vacantes en la Justicia Nacional y Federal asciende a 359 cargos. De ese universo de despachos sin un juez titular, el Poder Ejecutivo Nacional tiene 204 ternas para enviar al Congreso. Las restantes 155 se encuentran en el Consejo de la Magistratura en trámite, “con distintos grados de avance”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
De los 359 cargos vacantes, 145 corresponden al fuero federal y 214 al nacional.
En los primeros meses del 2026 se producirán unas diez vacantes más. A este ritmo, las vacantes ascenderán al 36%. “Es un número sin precedentes”, sostuvo una fuente judicial ante la consulta de Clarín.
En lo que concierne a la Procuración General de la Nación, los números son aún más desalentadores. Pese a la relevancia del Ministerio Público en materia de defensa de los intereses de la ciudadanía, y en materia penal responsables de impulsar las investigaciones, de los 367 cargos que lo integran hoy 172 se encuentran vacantes.
Eso arroja un 46,86% de cargos sin titular. Según números oficiales hay 40 ternas elevadas al Poder Ejecutivo Nacional que no fueron enviadas al Congreso.
Los pliegos para todos estos cargos, incluidos los correspondientes a las defensorías oficiales, se encuentran en el Ministerio que tiene a cargo Cúneo Libarona. Sin embargo, los pliegos son examinados rigurosamente por Santiago Caputoel secretario de Justicia -Sebastián Amerio-, y el presidente Milei. Son ellos quienes tendrán la palabra final.
La cobertura de los cargos de jueces y jueces nacionales y federales, como fiscales y defensores oficiales, requiere de una votación simple del Senado. Antes de las elecciones de octubre, desde la Casa Rosada sostenían que no había margen para que los “pliegos pasen una votación”.
Esa perspectiva se modificó sustancialmente ante la nueva distribución de bancas dentro de la Cámara Alta que es la responsable de votar los pliegos.
