Después de la captura de Maduro en una incursión militar el 3 de enero, el gobierno interino de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones. Según la oenegé Foro Penal, 508 personas, entre ellas militares y extranjeros, siguen privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Turk advirtió que “persisten los problemas estructurales y sistémicos en materia de derechos humanos”. “Mi oficina ha recibido información sobre la persistencia de torturas y malos tratos a los detenidos, incluso en los centros de Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro”, cerca de Caracas, declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto es motivo “de profunda preocupación”, añadió y llamó a las autoridades a “liberar inmediatamente y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente”. Bajo presión de Washington, Delcy Rodríguez impulsó una ley de amnistía el 19 de febrero, que según varios oenegés es insuficiente y se aplica con discrecionalidad. La semana pasada el Gobierno afirmó haber liberado a 7.365 personas. El alto cargo de derechos humanos asegura que su oficina ha confirmado que unas 950 personas detenidas arbitrariamente fueron liberadas, algunas de ellas bajo condiciones estrictas. Añadió que unos 60 presos que permanecían en régimen de incomunicación pudieron recibir visitas y hablar con sus familiares. Türk reconoció que Caracas “se ha propuesto corregir algunos errores del pasado” pero pidió “más transparencia”, “la lista oficial de las personas liberadas, así como acceso sin restricciones a varios centros de detención”. Se queja de que, por el momento, se ha impedido el acceso a la Oficina del Alto Comisionado. “Comparto el alivio de las personas liberadas y de sus familiares, pero su detención era inadmisible. Espero que esta práctica cese definitivamente y que las autoridades adopten medidas para garantizar la libertad de opinión”, prosiguió el Alto Comisionado. Tras la caída de Maduro, las autoridades venezolanas decretaron el estado de emergencia que permite, entre otras cosas, detener a cualquier persona que apoye la incursión estadounidense. “Las fuerzas de seguridad y los grupos armados civiles habrían aprovechado este estado de emergencia para llevar a cabo acciones intrusivas, contribuyendo a instaurar un clima de miedo entre la población”, lamentó Türk, que insta a Caracas “a reevaluar este decreto para verificar su necesidad y proporcionalidad”. Türk también reclamó la derogación de la ley “sobre el control de las oenegés” porque “sigue obstaculizando la capacidad de la sociedad civil para trabajar con total seguridad y libertad”.
