La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, sube el tono en materia de inmigración y dejará sin ayudas sociales a los migrantes sin papeles en las Islas. La decisión se toma a instancias de Vox, que impuso esta exigencia en el marco de las negociaciones para aprobar los Presupuestos autonómicos del año 2025, que salieron adelante en el verano del año pasado.
El acuerdo en ciernes entre el PP y Vox plantea reformar los criterios de acceso a la Renta Social Garantizada (Resoga), una ayuda social específica que da el Govern balear. A través del pacto con Vox introduce la obligación de acreditar al menos tres años de residencia legal en Baleares. Este requisito dejaría fuera a las personas sin papeles, incluso si están empadronadas o cumplen condiciones de vulnerabilidad económica, que eran las únicas exigencias actuales.
Actualmente, esta prestación alcanza a algo más de 2.000 beneficiarios en Baleares mientras que otras 2.000 personas están en lista de espera, lo que refleja la alta demanda del sistema. Las cuantías varían según la unidad de convivencia: un adulto que vive solo percibe alrededor de 733 euros mensuales, mientras que una familia puede superar los 1.500 euros al mes en los casos de mayor vulnerabilidad. Estas cifras sitúan la se convierten en una de las principales herramientas de protección social del archipiélago que se complementa con la renta mínima de inserción social.
En la misma línea, también se prevé soportar el acceso a la renta de emancipación para jóvenes migrantes extutelados. Dejarán de recibirla todos los que están a cargo de las instituciones en estos momentos, cerca de 700 en las cuatro islas, ya desde ahora se exigirá que acreditarán un período mínimo de tres años de residencia o integración en el sistema educativo. El cambio de criterio supone priorizar la situación administrativa sobre la vulnerabilidad social, lo que podría dejar fuera del sistema a colectivos especialmente expuestos a la exclusión.
La supresión puede dejar sin ayuda a cerca de 2.000 beneficiarios
Este endurecimiento de la política migratoria del PP no se limita a las ayudas sociales que conceden el Govern balear. En paralelo, varias decisiones recientes han intensificado la polémica social. Una de las más decisivas es el anuncio del Ayuntamiento de Palma del inminente desalojo de la antigua cárcel de Palma, donde residen más de 200 personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas migrantes, sin que se puedan garantizar alternativas habitacionales suficientes.
A ello se suma la controversia por la revisión del padrón municipal en Palma, que podría derivar en el desempadronamiento de cerca de otras 200 personas sin hogar. Perder el empadronamiento implica, en la práctica, quedar fuera del acceso a servicios básicos y prestaciones, lo que agrava aún más la situación de exclusión.
Palma prepara el desalojo de la antigua cárcel donde viven unos 200 ‘sintecho’
Todas estas actuaciones dibujan un endurecimiento global de la política migratoria en Balears, donde Marga Prohens ha sido también la punta de lanza del PP contra el traslado de menores migrantes desde Canarias. La presidenta depende del apoyo de Vox para aprobar leyes importantes en tramitación y Vox está utilizando la política migratoria a cambio de su apoyo a los proyectos legislativos. La oposición balear denuncia que Prohens ha asumido la agenda de Vox en inmigración a cambio de garantizar su estabilidad parlamentaria.
Prohens logró aprobar los Presupuestos de 2025 a cambio de estas cesiones a Vox, que se concretarán en una inminente ley. El texto legal incorpora también la exigencia de rebajas del catalán en la administración pública que incluye eximir a parte del profesorado del conocimiento del catalán en plazas de difícil cobertura.
