El juez federal, Ariel Lijo impulsó una serie de medidas en la causa donde se investiga el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este en un vuelo privado. Al expediente se incorporó una nueva factura de esos traslados y datos de una cuenta en el exterior que sus hombres interrogan a la causa.
El juzgado ya recibió documentación que exponen el pago del vuelo que partió desde San Fernando hacia Uruguay el 12 de febrero.
La factura remitida al juzgado federal a cargo de Ariel Lijo da cuenta de un pago -correspondiente sólo del viaje de ida- de 4.830 dólares, por encima de los 3.800 que había señalado el ministro Adorni.
El magistrado también ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria recabar registros de todas las cámaras y documentación vinculadas al hecho denunciado, y se libró “orden de presentación a la empresa que operó el vuelo para que remita la facturación y comprobantes de pago correspondientes”.
El juzgado busca avanzar en la “ruta de ese dinero, la trazabilidad de los fondos” que pagaron el viaje, según explicó una fuente judicial a Clarín
A partir de las medidas ordenadas, Lijo secuestró la factura del vuelo de ida emitida por la empresa Alphacentauri a favor de la empresa Imhouse por 4.830 dólares.
Se trata de una firma “vinculada a Marcelo Grandio -como accionista- según arroja la compulsa en bases públicas”. Grandio es el periodista amigo de Adorni, cuya productora de contenidos tiene tres programas en la pantalla de la TV Pública y su señal de streaming.
Para avanzar en el esclarecimiento de los movimientos de fondos, según indicaron fuentes judiciales, la empresa Alphacenturi “se comprometió a aportar la documentación sobre el vuelo de regreso”.
Eso ocurrió este viernes en el expediente. Se obtuvo una factura emitida por Alphacentauri a favor de Agustín Issin Hansen, con el detalle del servicio.
El concepto del pago es “servicios aeronáuticos” por la importación de 42.250 dólaresque corresponderían a la contratación de diez vuelos a Punta del Este. La familia de Adorni habría usado uno de ellos.
“Respecto al pago se acompañó una constancia de acreditación de fondos en una cuenta en el exterior”, indicaron fuentes alegadas al expediente.
En el marco de la investigación, se asume que el pago del viaje de ida se realizó mediante transferencia bancaria en pesos por 6.984.180, pesos equivalente según la factura a 4.830 dólares. El comprobante bancario refleja que la transferencia se hizo el 5 de febrero.
A raíz de la información obtenida y por el pedido de la fiscalía se dispuso una serie de medidas de prueba.
El juzgado ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Imhouse y de Agustín Issin Hansen, y el levantamiento del secreto bancario de Imhouse. Se confeccionó un pedido de información al banco respecto de las cuentas y movimientos correspondientes al pago del primer vuelo.
La pesquisa también busca sumar información que se requirió al ARCA respecto de la facturación y situación fiscal de Alphacentauri y de Hansen. En esa misma línea, se pidió a Issin Hansen que “aporte la totalidad de la documentación que posee del vuelo de vuelta”.
Entre las medidas de prueba impulsadas por el juez Lijo se incluyen pedidos de información en torno a la “normativa que regula los viajes, viáticos, alojamiento, emisión de pasajes y eventuales viajes o estadías financiadas por terceros respecto de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.
Todo ello se suma a pedidos de informes remitidos a la ANAC y Aduana vinculados a los vuelos, para saber si se realizaron controles específicos sobre la aeronave y sus tripulantes.
Un dato que miran con particular atención los investigadores es que la TV Pública -donde Grandio trabajó hasta que estalló el escándalo- es que depende tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Medios que a su vez depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
