Es legislar urgente sobre la calidad del gasto de los GADs
A propósito de la Reforma al COOTAD, donde se obliga a los Municipios y Prefecturas a destinar el 70% de su presupuesto a obras, viene a mi memoria una vivencia que me permite compartir. En abril de 2016, la empresa M de propiedad de los socios A y B, contrata mis servicios para gerenciar la construcción de un proyecto de agua potable cuyo dueño es un GAD Municipal de la sierra central.
Tan pronto llegué a territorio solicité los documentos del contrato para revisarlos, encontré que eran muy básicos. El objeto del contrato es construcción de: conexión, conducción, potabilización y distribución de agua para el cantón, monto 10 millones de dólares, anticipo 50%, plazo 14 meses, firma el contrato el socio A. Luego analicé la situación de la obra al momento: plazo consumido 9 meses, avance de obra 38%, planillas pagadas con errores como: pago por rubros no realizados, multas mal cobradas, pago de rubros nuevos inexistentes.
Además, deudas a proveedores, relación protectora de las autoridades del GAD. En este escenario, el reto era superar el atraso, para eso reprogramé las actividades que faltaban para los 5 meses disponibles, con incremento de recursos obviamente, cronograma que fue aprobado por el fiscalizador y administrador del contrato.
Pasaron 2 meses y el nuevo cronograma no se cumplió, la causa, falta de liquidez, solo se disponía del 50% del valor de las planillas, las deudas apremiaban, la situación financiera era crítica, me obligó a hablar con el contratista (socio B), le expuse el caso, diciéndole que hacía falta invertir dinero para cumplir con la calidad y el plazo especificado, él contestó imposible, es todo lo que tengo y con eso se debe salir, le dije amablemente, ¡Qué pena!, pero le advierto que la obra no cumplirá con el contrato (así sucedió), él contestó, no se preocupe, es mi problema.
Luego comentó con el administrador del contrato, quien, en un desborde de sinceridad me dijo, la razón es que, cuando el contratista recibió el anticipo 5 millones de USD en octubre 2025, repartió entre A socio que abandonó la obra, B socio que se puso al frente y C burocracia del GAD, solo quedó la cuota del socio B como anticipo real, los 3 millones se esfumaron. Todas estas anomalías fueron abalizadas por el dueño de la obra, el fiscalizador y el administrador del contrato, eran instrumento del contratista.
Finalmente, el fiscalizador consagró su falta de ética cuando, el superintendente de obra solicitó la recepción provisional en abril del 2017 (20 meses de la firma del contrato), el fiscalizador contesta negando la solicitud, argumenta rubros no terminados, respaldado con anexos. ¡Oh! sorpresa después de dos o tres días influenciado por alguien cambia de criterio y, con oficio de número y fecha del anterior, acepta el pedido y solicita al administrador del contrato nombrar la comisión de recepción.
Por desgracia en estos gobiernos parece haber hecho norma “adjudicar al fiscalizador por recomendación del contratista”. En este caso, la pareja viene de trabajar en otra obra del mismo tipo, para otro cantón de la misma provincia, luego de esta obra, van a trabajar en otro cantón de diferente provincia.
Conclusión: En estas condiciones imposible construir obras de calidad, cumpliendo el plazo, la causa primaria está en el contratante. “No basta limitar la cantidad del gasto a los GADs, más importante y urgente es legislar sobre la calidad de éste”.
Marco A. Zurita Ríos
