La inseguridad y la migración irregular son temas centrales del balotaje presidencial del 14 de diciembre entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, favorito en las encuestas y quien promete expulsar a cientos de millas de indocumentados. A unos 10 km de Arica, en el desierto de Atacama, se encuentra uno de los pasos fronterizos más transitados del país: 5.000 chilenos, peruanos y bolivianos van y vienen a diario. Pero desde 2020 empezaron a llegar más indocumentados para instalarse en Chile, en su mayoría venezolanos. Si en 2018 eran 200, para 2023 sumaban 5.000, según el Servicio de Migraciones. Su arribo hizo trizas la tradicional calma en Arica, una ciudad de 250.000 habitantes con costa en el Pacífico donde casi no llueve, dicen pobladores a la AFP. “Antes tú podías ir hasta la playa en la noche y devolverte caminando. Ahora ya no”, asegura Cortés, una vendedora de maquillaje de 27 años. El tren de Aragua Si bien una parte de los indocumentados se insertó en la economía de servicios, también irrumpió el Tren de Aragua, la banda internacional venezolana que siembra terror con secuestros, extorsiones y asesinatos. Sus miembros se apoderaron de un conjunto de viviendas abandonadas del cerro Chuño, cerca de donde vive Cortés, y montaron allí su base de operaciones. “Antes te asaltaban y te quitaban tus cosas. Ahora te pegan, te apuñalan, te mandan al hospital”, sostiene Cortés. Arica se enfrentó a un explosivo aumento del crimen. En 2019 se registró una tasa de 5,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en 2022 fue de 17,5, casi el triple del promedio nacional. “El sicariato, el secuestro, son cosas que no estaban”, corrobora Alfonso Aguayo, un guardia de seguridad, de 49 años. En 2022, la policía desmanteló la cúpula del Tren de Aragua en Arica y allanó el cerro Chuño. Allí las autoridades encontraron una casa transformada en un centro de torturas y restos de tres cadáveres. En marzo pasado, la justicia impuso condena que sumaron casi 560 años de cárcel a 31 venezolanos y tres chilenos de la organización. La población sintió un alivio. El año pasado el índice de homicidios cayó a 9,9, pero todavía supera el promedio nacional de 6,6 casos por 100.000 habitantes. Hace cuatro años, el actual presidente de izquierda Gabriel Boric obtuvo en Arica el 50,6% de los votos. Pero desde entonces la ciudad viró a la derecha. El mes pasado, en la primera vuelta de las presidenciales, los candidatos derechistas sumaron tres cuartas partes de los votos, liderados por el economista Franco Parisi, que planteaba expulsar a los inmigrantes irregulares e instalar minas antitanques en la frontera. Kast quiere construir una zanja fronteriza y promete deportar a los 337.000 indocumentados que viven en Chile en el marco de su plan anticrimen. – El lado noble – Aunque la sensación de temor es común en Arica, los migrantes también son una fuerza de trabajo valorada. La inseguridad “no tiene que ver con la inmigración, sino con la bondad o la maldad de las personas”, afirma a la AFP Fermín Burgos, un profesor jubilado de 75 años. Su hijo tiene un restaurante que contrató a dos venezolanas sin papeles como meseras. “Están ilegales, pero son excelentes”, remarca. En Chile, los migrantes irregulares pueden acceder a servicios médicos y sus hijos a la escuela pública. También suelen emplearse en el comercio informal o como repartidores. Ninguna autoridad los persigue. La venezolana Fernair Rondo, de 35 años, vive en Chile hace siete años. “Cuando yo llegué, había cordialidad. No había esa xenofobia (…) antes era más seguro, pero por unos paganos todos y nos etiquetan a todos los venezolanos de malos”, dice esta vendedora de una tienda de licores. Un “aporte” clave, dice Claudia Villegas, directora de la salud municipal de Arica. “En zonas como la nuestra, que son extremas, la demanda de médicos no la podemos cubrir con los egresados de la región”, afirma a la AFP.
