Tres leyes aprobadas en Nueva Jersey Establecieron cambios en la identificación de agentes, el manejo de datos personales y la relación entre autoridades locales y agencias federales como HIELOen un contexto de debate político y social sobre seguridad, privacidad y aplicación de normas migratorias.
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En Nueva Jersey fueron aprobados tres leyes orientadas a modificar la forma en que las autoridades interactúan con personas inmigrantes y la manera en que operan agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las fueron anunciadas el miércoles 25 de marzo de 2026 por la gobernadora Mikie Sherrill en un contexto de discusión sobre políticas migratorias y funcionamiento institucional.
Durante el anuncio, la gobernadora expresó: “No puedo creer que tengamos que decir esto, pero en Estados Unidos no vamos a tolerar milicias enmascaradas que se hacen pasar por agentes del orden bien entrenados”, según cita Telemundo 62 Filadelfia. La declaración se enmarca en preocupaciones relacionadas con la identificación de agentes y la confianza pública.
Las medidas limitan la cooperación entre autoridades locales y federales en materia migratoria. Foto:iStock
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Nuevas reglas de identificación policial
La primera de las leyesdenominado “Ley de protección de los agentes del orden” (S-3114)establece requisitos de identificación para agentes del orden, incluidas las autoridades federales. La norma exige que los funcionarios presenten su identidad de manera visible durante los operativos.
Entre las disposiciones, se indica que los agentes deben mostrar una identificación con fotografía, portar uniforme con insignias visibles o exhibir una placa antes de realizar detenciones o arrestos.. También se contemplan excepciones para operaciones encubiertas, uso de equipos de protección, condiciones médicas o situaciones climáticas extremas.
Se exige identificación visible de agentes durante operaciones con excepciones específicas. Foto:HIELO
Protección de datos personales
La segunda leyidentificado como “Ley de Protección de la Privacidad” (S-3522)regula la recopilación y el intercambio de información personal por parte de entidades gubernamentales y de salud. Su alcance incluye restricciones sobre el acceso y uso de datos sensibles.
La norma prohíbe solicitar información como estatus migratorio, lugar de nacimiento, número de seguro social o ITINsalvo cuando sea estrictamente necesario. Además, establece que los datos recopilados deben mantenerse bajo confidencialidad, con el objetivo de no limitar el acceso de residentes a servicios públicos.
La protección de datos limita la solicitud de información personal sensible a residentes. Foto:HIELO
Separación entre funciones policiales y migratorias
La tercera medida, “Directiva de Confianza de Inmigrantes” (S-3521)convierte en ley una directriz vigente desde 2018 impulsada por el exfiscal general Gurbir Grewal. Esta disposición establece límites en la cooperación entre autoridades locales y agencias federales migratorias.
La legislación prohíbe detener o interrogar a una persona únicamente por su estatus migratorio y restringir la colaboración voluntaria con ICE. Su objetivo es permitir que las personas inmigrantes interactúen con la policía local sin que ello implique consecuencias migratorias directas.
La Immigrant TrustDirectiva restringe la cooperación voluntaria entre la policía local y el ICE. Foto:HIELO
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Entrada en vigor y aplicación
Aunque las leyes ya fueron aprobadas, su implementación dependerá de los plazos administrativos establecidos en cada una. En términos generales, este tipo de normas comienza a aplicarse semanas o meses después de su firma oficial, período en el cual las agencias ajustan sus procedimientos internos.
Posición del gobierno federal
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reaccionó ante las disposiciones, en particular frente a las restricciones relacionadas con el uso de mascarillas por parte de agentes federales. En un comunicado, calificó esa medida como inconstitucional y señaló que no la acatará.
El conjunto de estas disposiciones sitúa a Nueva Jersey en un escenario de discusión jurídica y política sobre la relación entre autoridades estatales y federales en materia migratoria, así como sobre el alcance de las normas en seguridad pública, privacidad y cooperación institucional.
El Comercio (Perú) / GDA
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*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Comercio, y contó con la revisión de un periodista y un editor.
