Las fallas en las compras públicas revelan cómo los contratos improvisados ponen en riesgo los recursos estatales
Ecuador ya ni sombra. Vivimos en un país donde todo funciona al revés. Las compras públicas, que deben ser la garantía de que la plata del Estado se usa con cabeza fría, orden y transparencia, terminan convertidas en una especie de ‘todo vale’. Se saltan pasos, se inventan atajos y, al final, lo que aparece son contratos que nacen torcidos y mueren peor.
Esta ‘película’ no es nueva. Ya la vimos en plena crisis eléctrica, cuando el Gobierno decidió entregar parte del salvataje energético a una empresa sin experiencia, como si fuera un experimento. Y ahora el déjà vu regresa: se pretendía adjudicar el sistema de agendamiento de citas de la salud pública a una firma con apenas 100 dólares de capital y registrado en el régimen Rimpe, el mismo en el que están los voceadores de periódicos… esos mismos que han sido perseguidos por el SRI en un proceso absurdo que apunta, de paso, contra esta casa editorial.
Es obligación de las autoridades romper con ese hábito de contratar a la carrera, como si estuvieran comprando un ventilador en remate. Los servicios públicos no pueden ponerse en manos de cualquiera ni convertirse en un riesgo para los recursos de todos. Cuando se juega con la plata pública, al que terminan fregando siempre es al ciudadano.
