La Policía Nacional ha liberado a siete mujeres explotadas sexualmente en Logroño en una operación contra una red dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con multas de explotación sexual y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las víctimas eran mujeres procedentes de Brasil en situación de especial vulnerabilidad que tras ser captadas mediante el engaño eran forzadas a prostituirse en pisos prostíbulos. El entramado las forzaba a mantener relaciones sexuales con menores, a consumir sustancias estupefacientes y no rechazar ningún servicio aunque estuvieran con la menstruación.
La operación ha terminado con la detención de los dos cabecillas de la red desmantelada.
La investigación se inició en 2024 en Logroño tras ponerse una denuncia sobre un posible caso de trata de seres humanos con multas de explotación sexual, lo que puso de manifiesto la existencia de una posible red organizada. De forma casi simultánea, se recibieron en Bilbao otras dos denuncias que presentaban un patrón delictivo coincidente con el caso de Logroño. La información obtenida a partir de las denuncias, sumada a las gestiones posteriores de los agentes, permitió detectar una organización criminal estructurada y jerarquizada con un reparto específico de funciones, dedicado a la captación, traslado, control y explotación sexual de mujeres.
El proceso de captación se inició en Brasil, donde miembros del entramado seleccionaban a mujeres jóvenes que atravesaban situaciones de vulnerabilidad, necesidad y precariedad económica. Esta circunstancia aumentaba la probabilidad de aceptación de las falsas ofertas laborales que la organización ofrecía en España. Una vez captadas, las víctimas eran puestas en contacto telefónico con la principal cabecilla de la red, residente en la ciudad de Logroño. Ella informaba a las mujeres sobre supuestos trabajos en España y les ofrecía cubrir costes de viaje en caso de que no dispusieran de recursos económicos suficientes. Estos gastos se convertían posteriormente en una deuda que las víctimas debían saldar mediante el ejercicio forzado de la prostitución.
Ya en territorio español, las víctimas fueron recogidas y trasladadas a un domicilio de la capital riojana utilizado para que las víctimas pernoctasen. Como medida de control, a su llegada al piso prostíbulo se les retiraba el pasaporte, el cual quedaba bajo custodia del líder de la organización y solo se les devolvía una vez cancelada la deuda adquirida. Desde allí debían trasladarse diariamente a otro inmueble cercano utilizado como piso-prostíbulo, donde se llevaba a cabo la explotación sexual.
Las víctimas estaban sometidas a normas estrictas y abusivas. La organización criminal, que se quedaba el 50% de los beneficios que estas mujeres generaban, las obligaba a estar disponibles en una jornada ininterrumpida de 10:00 a 23:00 horas, sin posibilidad de abandonar el piso salvo para servicios externos. Tenían prohibido cocinar, por lo que se veían obligadas a solicitar comida a domicilio, que además debía ser baja en calorías para no ganar peso y resultar así más atractivas. Los servicios sexuales eran impuestos por el entramado sin posibilidad de que las mujeres pudieran rechazar a ninguno de ellos, incluso aquellos que solicitaban los clientes sin preservativo o durante los periodos de menstruación.
Relaciones sexuales con menores
En ocasiones, las víctimas fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con menores de edad a sabiendas de la condición de estos. Además, en el interior del piso se traficaba con sustancias estupefacientes, que eran proporcionadas a petición de los clientes. La organización incluso incitaba al consumo por parte de las propias víctimas para mejorar su comportamiento ante la clientela.
Como parte del proceso de explotación, las mujeres estaban obligadas a acudir a un fotógrafo designado por la red para la realización de fotografías en ropa sensual. Dichas imágenes eran utilizadas para la publicación de anuncios en plataformas de contenido sexual en Internet, controladas también por la organización.
Una vez finalizada la fase de investigación se puso en marcha un operativo en la ciudad de Logroño que permitió la detención de dos personas, la principal investigada y su pareja sentimental, identificados como integrantes de la cúspide de la organización y principales beneficiarios económicos de la explotación.
Durante el operativo se intervino diversa documentación relacionada con la actividad ilícita y 3.400 euros en efectivo, además de localizarse y liberarse a cuatro víctimas que en ese momento estaban siendo explotadas sexualmente. A lo largo de la investigación se han detectado y liberado siete víctimas en total.
