Si estás leyendo esto, es muy probable que creas en la libertad de prensa. Nosotros también. Sin embargo, al conmemorar este mes el Día Internacional de los Derechos Humanos —que recuerda la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos—, esa libertad está hoy más amenazada que nunca, y en ningún lugar tanto como en Gaza.
Hace setenta y siete años, tras un genocidio que las potencias mundiales juraron que nunca volvería a repetirse, delegados de países como Estados Unidos, India, Brasil y Egipto firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración reconoce que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad ya la seguridad. De manera crucial para nuestros ámbitos —el cine y el periodismo, respectivamente—, la Declaración también reconoció la libertad de expresión como un derecho fundamental, incluida la “libertad de sostener opiniones sin injerencias y de buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras”. El aniversario de la Declaración, el 10 de diciembre, debería ser motivo de celebración; hoy, sin embargo, es un recordatorio sombrío de lo lejos que estamos de cumplir las promesas que contenían.
Mientras escribimos estas líneas, 126 periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados en todo el mundo desde comienzos de año, según las cifras documentadas por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Esto sitúa a 2025 a la par de 2024, el año más mortífero para periodistas que el CPJ ha registrado en más de tres décadas de recopilación de datos. Periodistas han sido asesinados en países que van desde Sudán hasta Ucrania, de México a Filipinas, pero la gran mayoría (86) de los asesinados este año lo fueron a manos del ejército israelí, 52 de ellos palestinos asesinados en Gaza.
Desde el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí ha matado a 206 periodistas y trabajadores de medios palestinos en Gaza. Periodistas palestinos como Bilal Jadallah —un periodista que ayudó a formar a jóvenes periodistas dentro de Gaza—, asesinados por un ataque aéreo israelí que impactó su coche. Periodistas como Roshdi Sarraj, fundador de una productora palestina, que regresó a Gaza desde un viaje al extranjero al inicio del genocidio porque informar quería, y que fue asesinado pocas semanas después cuando un misil israelí alcanzó la casa de su familia, hiriendo a su esposa ya su hija pequeña. Periodistas como Anas Al-Sharif, asesinados en un ataque israelí dirigido contra una tienda que albergaba a periodistas y que mató a todo el equipo de seis periodistas de Al Jazeera. Periodistas como la fotógrafa de AP Mariam Abu Dagga, asesinada cuando Israel atacó la escalera de un hospital desde la que se sabía que operaban reporteros, mientras cubría las consecuencias de un ataque inicial que había matado al camarógrafo de Reuters Hussam Al Masri.
Los periodistas son civiles: el derecho internacional humanitario lo deja claro. Los periodistas no son un objetivo y ellos —y las instalaciones desde las que trabajan— deben ser protegidos. Israel no solo ha incumplido esta obligación de protección, sino que en muchos casos está claro que el ejército atacó a periodistas sabiendo que eran prensa. Hacerlo constituye un crimen de guerra. El ejército israelí debe rendir cuentas por estas muertes, al igual que todos los responsables del asesinato de periodistas. No hacerlo crea una cultura de impunidad que nos perjudica a todos: décadas de datos muestran que no castigar a los responsables del asesinato de periodistas genera un entorno en el que estas muertes persisten y se normalizan. El asesinato de periodistas tiene un impacto profundo porque el periodismo es un pilar esencial de todas nuestras libertades: su función es sacar a la luz información que otros preferirían ocultar —corrupción política, abusos corporativos, los horrores de la guerra—.
Una defensa firme de nuestras libertades fundamentales y universales debe incluir una defensa firme y clara de quienes desempeñan un papel crítico al señalar cuándo esos derechos son vulnerados. Por ello, al conmemorar este aniversario, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que adopte tres acciones que pueden ayudar a garantizar la protección y la justicia que se les deben a los periodistas palestinos y, al hacerlo, contribuir a la defensa del periodismo en todo el mundo.
Los gobiernos deben exigir acceso a Gaza para los medios internacionales. Durante más de dos años no se ha permitido el acceso independiente al territorio a ningún medio de fuera de Gaza, y la cobertura informativa suele limitarse a visitas escoltadas por el ejército, un nivel de restricción sin precedentes en ningún conflicto de los últimos años. Un acceso internacional independiente permitiría a los periodistas corroborar el trabajo de los periodistas de Gaza, que han cargado con toda la responsabilidad —y el peligro— de documentar e informar sobre el genocidio para audiencias externas, además de estar sometidos a campañas de difamación israelíes destinadas a desacreditar toda información procedente de Gaza.
Deben intensificar las vías de justicia para quienes han sido asesinados y detenidos ilegalmente por Israel. Está claro que Israel no ha rendido cuentas durante décadas y, antes del conflicto actual, un informe publicado por el CPJ en mayo de 2023 mostró que 20 periodistas habían sido asesinados por el ejército israelí desde 2001. Nadie ha sido jamás responsabilizado por esas muertes: nunca se ha hecho justicia.
La investigación en curso de la Corte Penal Internacional sobre Gaza incluye técnicamente el examen del asesinato de periodistas, pero su mandato sobre Gaza es tan amplio y sus recursos tan limitados que no está claro que llegue a procesar crímenes de guerra contra periodistas. Los Estados individuales deben hacer más para impulsar la justicia, incluso mediante el uso de la jurisdicción universal, un principio jurídico que permite a los tribunales nacionales procesar los crímenes internacionales más graves independientemente de dónde se hayan cometido o de la nacionalidad del perpetrador o de la víctima.
