La aprobación de Mendoza para volver a hacer minería en su provincia revirtió unos 18 años de posición institucional en contra del sector y abre paso a la exploración y el desarrollo de proyectos de cobre, como San Jorge, que prevé inversiones por poco menos de 600 millones de dólares. Si todo va bien, podría empezar su producción en 2028.
Fabián GregorioCEO del Proyecto San Jorge (PSJ), habló con Clarín y explicó los siguientes pasos, como la búsqueda del financiamiento y la entrada al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
-¿Cómo sigue el Proyecto San Jorge, ahora que tiene la Declaración de Impacto Ambiental aprobada?
-Ahora viene la etapa de la factibilidad, que no es la construcción de la mina, sino un proceso técnico profundo que va a llevar aproximadamente un año. Allí vamos a definir detalles de ingeniería, logística, inversión, sostenibilidad y hacer toda la planificación.
Mientras tanto, avanzamos mucho en la parte económica y esperamos para el segundo trimestre del 2026 estar cerrando el financiamiento.
-¿Con qué dinero esperan fondearse?
-Con financiamiento externo de bancos o agentes financieros propios de la minería. Nuestra mejor motivación es que el proyecto es sólido, con buena ley mineral y bajas dificultades para su ejecución. Y además tenemos un buen subproducto, el oro, donde planeamos extraer unas 40.000 onzas por año.
-¿Cuántas exportaciones podría generar San Jorge?
-Tenemos 40.000 toneladas de cobre fino por año, que son unos 400 millones de dólares, y 40.000 onzas de oro, otros US$ 160 millones más. Entonces son unos US$ 560 millones por año a valores actuales.
-¿Cuándo van a aplicar al RIGI?
-Vamos a utilizar los plazos iniciales del régimen, que es antes de julio de 2026.
-Uno de los cuestionamientos de los ambientalistas es el uso del agua y su posible afectación al vino mendocino. ¿Cómo van a tratar el agua en este proyecto?
-Nosotros mejoramos nuestra propuesta inicial que teníamos entre 2008 y 2011, con las nuevas previsiones sobre el recurso hídrico. El acuífero más cercano que tenemos está a 140 metros de profundidad, mientras que la infiltración máxima posible en los escenarios más complejos sería de apenas 10 metros; no hay ninguna posibilidad de afectación a los cursos de agua.
El monitoreo va a ser permanente y público, tanto de la empresa como del gobierno provincial y la comunidad. No vamos a usar cianuro ni ácido sulfúrico, que están prohibidos.
