En abril de 2018, el Gobierno valenciano ejecutó la reversión del Hospital de Alzira a la gestión pública, cerrando dos décadas de cooperación público-privada bajo el llamado ‘Modelo Alzira’. Se justificó la decisión en presuntos incumplimientos contractuales del grupo RiberaSalud y … una investigación judicial abierta por malversación. Pero la historia fue otra: la denuncia la promoción un sindicato creado ‘ad hoc’, que se basó en una serie de artículos de tono escandaloso publicados por un medio digital. La investigación nunca prosperó, pero bastó para deslegitimar al concesionario y hacer bandera electoral de la «vuelta a lo público».
Lo que realmente motivó la reversión fue una pulsión ideológica compartida por el tripartito valenciano –PSOE, Compromís y Podemos– que se convirtió en dogma de que la sanidad pública no puede ser gestionada por privados, aunque lo haga mejor y más barato. La entonces consejera valenciana de Sanidad, Carmen Montonresumió su postura con un eslogan: «La salud es un derecho, no un negocio».
Los datos contaban otra historia. La Sindicatura de Cuentas cifró en un 25% el ahorro anual del modelo Alzira respecto a la gestión directa. El coste por paciente, el absentismo laboral, la dotación tecnológica y el cumplimiento de objetivos eran claramente favorables al modelo concesional. Tras la reversión, el coste para el erario se disparó: 76,2 millones de euros más al año entre 2017 y 2019, sin mejora en calidad ni satisfacción de los usuarios y sin más médicos, aunque sí más celadores.
Ese mismo guion amenaza con repetirse en el hospital de torrejonen la Comunidad de Madrid. Allí, las presiones políticas se disfrazan de preocupación por la gestión, cuando en realidad el objetivo es socavar un modelo alternativo al centralismo público. Como en Alzira, un episodio de mala gestión no justifica la reversión, sino, en el peor de los casos, la convocatoria de una nueva licitación.
El diario El Español ha revelado que Leire Diezconocida como ‘la fontanera’ del PSOE, y Santos Cerdán ofrecían protección a empresas cuestionadas judicialmente. Pedirían dinero para neutralizar información negativa o frenar procedimientos. Ambos episodios, el de Alzira y el de las extorsiones encubiertas a empresas, son un ejemplo de cómo la política puede tener costos ocultos para los ciudadanos y perfilan un rasgo común: la instrumentalización de los medios de comunicación y del poder judicial como herramientas de presión política o económica. En el primero, para justificar una decisión ideológica; en el segundo, para rentabilizar conexiones partidistas. Todo de la mano de los mismos operadores políticos que han creado un auténtico modelo de negocio.
Cuando la política se hace a golpe de querella y titular, y cuando los gobiernos utilizan a periodistas y fiscales como peones, el precio lo paga el Estado de derecho y los ciudadanos, que ven cómo la verdad se degrada y la ley es mera coartada. jmüller@abc.es
