En junio del 2020, la central térmica de Endesa en Andorra, provincia de Teruel, echaba el cierre definitivo. Con su desconexión del sistema eléctrico nacional se ponía punto y final a un sector que marcó el desarrollo económico de la zona durante más de cuatro décadas. En su lugar, la gran apuesta de futuro era el Nudo Mudéjar, 1.800 millones de euros de inversión de la eléctrica en un paquete de 14 plantas de energías renovables hibridadas y un plan de acompañamiento para la generación de actividad industrial y socioeconómica. Una reconversión muy esperada pero que, para desesperación de sus vecinos, todavía no ha arrancado.
“La transición no está siendo justa ni rápida”, se lamenta el alcalde de la localidad, Rafael Guía. En su opinión, fue un error acabar con un modelo productivo basado en la minería y la producción eléctrica sin acompañarlo con otras industrias capaces de absorber la mano de obra cesante. “Fiamos todo al Nudo Mudéjar y su plan de acompañamiento, pero no se han cumplido las expectativas”, añade.
El cierre de la planta y las últimas minas afectó a más de 500 personas de empresas matrices y subcontratas. Endesa recolocó a unos 30 trabajadores
El cierre de la planta y las últimas minas afectó a más de 500 personas de empresas matrices y subcontratas. Endesa negoció un plan de recolocaciones para una treintena de trabajadores. También hubo quien se empleó temporalmente en el desmantelamiento de la central –finiquitado en el 2024– o en la construcción de dos plantas solares ya en marcha, mientras que otros acabaron en negocios como la nueva maderera JV20 Forest, con 45 operarios. Proyectos bienvenidos pero insuficientes para jugar todo lo perdido y lejos de las expectativas: 6.300 puestos en la construcción del Nudo y 370 directos ligados al proyecto renovable en el 2029 (hasta 500 con todos los planos).
“Se prometieron muchas cosas, pero aquí no ha llegado nada y la gente tiene que irse fuera a buscarse la vida”, denuncia Alejo Galve, líder de UGT en Teruel y extrabajador de la central. En la última década el pueblo ha perdido unos 1.200 censados hasta bajar a los 7.250 de hoy, un descenso que se replica en la mayoría de los pueblos de la comarca y se nota en bares y tiendas.
Una planta de hidrógeno verde promovida por la danesa CIP y Enagás es la esperanza
Ante esta situación, desde el Bajo Aragón reclaman a Endesa y al Ministerio de Transición Ecológica que agilicen los trámites. Sin embargo, la eléctrica advierte que hasta no tener la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva de los siete parques eólicos y otros tantos solares no empezarán a ejecutar los aviones asociados. “No sabemos cuándo se va a publicar, solo que se ha retrasado”, apuntan. Por su parte, el Miteco asegura que el proyecto “es muy grande” y que la evaluación de impacto ambiental, “ya en una fase muy avanzada, es muy compleja”, pero sin fechas. Ante esta parálisis, los afectados miran esperanzados hacia el proyecto Catalina, una planta de hidrógeno verde promovida en la zona por la danesa CIP y Enagás con una inversión de 2.200 millones y la promesa de 800 empleos. “Si al final se cumple, supliría con garantías el empleo perdido en el carbón”, señala el regidor.
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El director del proyecto, José Gómez-Arroyo, confirma que están a la espera de los permisos medioambientales, que esperan recibir en “los primeros meses” del 2026, y estar operativos en el 2029. Pero depende de la construcción del conducto que transportará el hidrógeno a los puntos de consumo en el este peninsular. “Es el punto más importante y crítico del que depende Catalina”, señala. Incertidumbres que les ha llevado a renunciar a la subvención de 230 millones del Banco Europeo del Hidrógeno por sus “estrictas” condiciones, como la falta de “flexibilidad” en los plazos.
Mientras, a la comarca solo le queda esperar resignada a que estos proyectos cristalicen, y le dan un “tirón de orejas” al Gobierno autonómico por no llevar a Teruel ninguno de los numerosos centros de datos anunciados los últimos años.
