el periodista Jorge Agustín Zapeta Aguilarde 56 años, fue hallado sin vida en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez la tarde del pasado martes, luego de días de haber sido reportado como desaparecido.
Su cuerpo fue encontrado en el camino que conduce al sector de El Aguacatal, en dicho municipio, a la orilla de la carretera y cerca de un cafetal, según explican medios departamentales.
APG SE PRONUNCIA
Por medio de un comunicado, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), expresó su condena y repudio ante el hecho sufrido por el comunicador, quien ejercía su profesión en los municipios de San Pablo Jocopilas y Santo Tomás La Unión, ambos municipios de Suchitepéquez.
«Ante este hecho, la Junta Directiva de la APG exige a las autoridades una investigación pronta y exhaustiva, que permita esclarecer lo ocurrido y evitar que este crimen quede en la impunidad. La APG se suma al dolor de la familia y acompaña su duelo en estos momentos difíciles», manifiesta la asociación gremial.
Según explica la APG, de acuerdo con los familiares del periodista, Zapeta se encontraba desaparecido desde el pasado domingo y desde hacía días había recibido amenazas.
Con varios años de trayectoria en el periodismo, Zapeta condujo un programa televisivo en la región denominado «Libertad de Expresión», espacio que se había convertido en referente para la comunidad.
Además del crimen del periodista, la asociación gremial recordó que en marzo de este año fue asesinado a tiros en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, Ismael Alonzo González, quien era miembro de la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Suroccidentes (APCSO) y de la APG.
«El crimen en contra de Zapeta se produce en escasas semanas de que se ha dado a conocer el lanzamiento de la Política de Protección de Defensores de Derechos Humanos, en donde precisamente se busca implementar un mecanismo para proteger a los periodistas», explican.
Ante ello, tanto la APG, como otras organizaciones, esperan que a partir del 2026, se haga la convocatoria por parte de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) y del Ministerio de Gobernación para la implementación de la política.
Sentencias de la Corte IDH ordenaron la implementación de una política para defensores de DD. S.S.
