Las pruebas para sostener el presunto “complot” de policías bonaerenses acusados de formar un equipo para apoyar y asesorar a un candidato libertario se desvanecen y con ese derrumbe. se esfuman las posibilidades de que el proceso termine con alguna imputación penal concreta. Hace cinco meses, el gobierno de Axel Kicillof planteó que la cúpula y buena parte de la tropa de la Policía Ambiental promovía una “conspiración” contra la jefatura de la fuerza y buscaba concretar un “golpe institucional” en el ministerio de Seguridad.
Ahora el expediente está aletargado. Casi paralizado. La última acción ordenada por la fiscalía fue una pericia en siete computadoras que secuestraron de la repartición. Buscaban pruebas y constancias de “tareas de asesoramiento” para un candidato de la oposición y “tráfico de información y estadísticas” que se desviarían hacia dirigentes libertarios.
La revisión técnica se terminó en los primeros días de noviembre, pero los resultados no arrojaron indicios de esa irregularidad, según supo. Clarín por personas con acceso al expediente.
Las autoridades bonaerenses ubicaron la terminal política de esa hipotética operación en el policía retirado Maximiliano Bondarenkoquien se postuló como candidato a diputado provincial por la coalición de LLA y el PRO en la tercera sección. Ahora juró para asumir la banca y se achican los márgenes para que la Justicia avance sobre una imputación con los fueros parlamentarios.
El escándalo de los agentes de la Policía Ambiental detonó en plena campaña por los comicios legislativos de medio término que este año se hicieron desdoblados en Buenos Aires. Fueron el 7 de septiembre y el oficialismo representado por Fuerza Patria (peronismo, kirchnerismo y massismo) arrasó por más de 14 puntos, si se cuentan los votos de la jurisdicción.
El 23 de julio fueron cesanteados 25 oficiales y suboficiales del comando que se encargan de intervenir en causas vinculadas con violaciones a las leyes ambientales. El jefe de la repartición, los colaboradores directores y la mayor parte de los agentes de esa área fueron acusados como partícipes de una “conspiración” que buscaba -según admitió el propio ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso- concretar un “golpe comando institucional”.
Todos fueron desplazados por decisión de Asuntos Internos. Fue porque ese organismo de control constató “la veracidad de una denuncia anónima” que planteaba que la conducción del área integraba un grupo operaba a favor de Bondarenko desde las oficinas públicas y diseñaba una “acción conspirativa” contra las autoridades de la fuerza. Utilizando elementos que pertenecen al Estado, por lo tanto la presentación ante la Justicia incluyendo el presunto delito de malversación de bienes de uso público.
Desde entonces, el comisario mayor Manuel Ortiz Valenzuela (amigo, vecino y compadre de Bondarenko), su segundo, el comisario inspector Gustavo Herrera, otros tres comisarios inspectores a carga de direcciones de línea y tres comisarios con función jerárquica quedaron apartados de su función y pasaron a cobrar el 50% de sus haberes. El listado de personal relevante de sus funciones se completaba con 16 agentes que integraban la dirección de Prevención Riesgos Ecológicos y Sustancias Peligrosas. Con el correr de la instrucción administrativa se sumaron otros 3 oficiales subalternos de esa área que funciona en la calle 20, entre 38 y 39, de La Plata.
“El proceso penal va camino al archivo de la causa”, dijo a Clarín un abogado que interviene en el litigio. Es uno de los caminos que tiene el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que se hizo cargo del caso que denunció el gobierno de Kicillof. La otra opción es “imputar” a los sospechosos. “Pero no hay nada concreto. No surgen de las declaraciones, ni de los aportes de pruebas y tampoco del análisis de los datos que aportó el anónimo”, explican fuentes del caso.
Se trata de un expediente de alta sensibilidad y no admite soluciones salomónicas. Si se pasa al archivo, queda expuesta la trama de presunta persecución desde el Gobierno contra agentes que tenían cercanía o amistad con una ex camarada que se pasó a la política. Si se los acusa, se demuestra que la mayor fuerza armada del país, con más de 105 mil agentes, puede incursionar peligrosamente en territorio de la política reservado a civiles que no portan armas.
La fiscalía recibió la declaración los supuestos “conspiradores”, que hicieron en sede administrativa. Además, Asuntos Internos secuestró computadoras donde -según la denuncia- se elaboraban proyectos de ley para presentar en la Legislatura sobre temas vinculados con seguridad, niñez y justicia. Se analizaron esos equipos. Lo hizo un cuerpo de peritos de la Suprema Corte. Los resultados no arrojarían rastros de esa irregularidad.
En las carpetas de pruebas presentadas en la fiscalía hay capturas de pantallas de un grupo de Whatsapp conformado por estos policías, donde se organizaban para enviar iniciativas a Bondarenko, cuando se reunió en Casa Rosada, aparentemente con funcionarios del ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich.
La ahora senadora nacional también entró en la disputa de la Policía Ambiental. En paralelo y en el mismo fuero penal platense, denunció a Kicillof por “espionaje” y “persecución ideológica”. Sostuvo su planteo con datos que surgían del anónimo: seguimiento de actividades fuera del rol de funcionarios de los policías; rastreos satelitales de sus propiedades y otros datos de la órbita privada que sugerían un seguimiento o un espionaje contra los agentes allegados al candidato libertario.
El recorrido de esa investigación terminó en un callejón sin salida: No pudo avanzar en la acusación.
Tampoco evolucionó el procedimiento de Asuntos Internos. Fabián Vizcaíno González, abogado de más de 20 de los policías sancionados explicó que “ya pasaron los cuatro meses de desafectación del servicio, en el que cobran el 50% del salario. Ahora están en condición de disponibilidad preventiva. Cobran el 100% del sueldo y están en sus casas sin hacer nada”.
Clarín se contactó con oficiales que integraban la Policía Ambiental. Algunos esperan el retiro. En especial los de grados jerárquicos que están cerca de los 25 años de servicio. “Otros trabajan de uber o DiDi, porque tienen que hacer algo. Si bien cobran el haber mensual no perciben las bonificaciones que en muchos casos representan un 60% más de bolsillo”, explicó la fuente.
Vizcaíno González, analizó ante Clarín que “la Provincia necesita que todos los agentes de la bonaerense se dediquen a custodios de los bienes y las vidas de los ciudadanos y no que estén en sus casas cobrando un haber hecho nada”.
Los pasos administrativos hasta alcanzar una eventual sanción (exoneración, suspensión o absolución) pueden demorar más de dos años. Podría definirse cuando Kicillof haya cumplido su segundo mandato. Depende de la celeridad que imprimen desde Asuntos Internos, un área que depende del ministro Alonso.
