A semanas de que termine el 2025, el mapa nacional de desnutrición aguda muestra una tendencia preocupante: el mayor número de casos se concentra en áreas urbanas. El municipio de Guatemala encabeza la alerta roja —clasificada como “muy alta carga”— en menores de 5 años, con un estimado de 3,389 casos acumulados y una tasa de 107.5 por cada 10 mil niños.
Esto equivale a un promedio de 69 casos semanales, según el monitoreo de la semana 49, con base en datos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Otros tres municipios fueron declarados con “muy alta carga” por la cantidad de casos reportados: Villa Nueva, Malacatán y San Juan Sacatepéquez. Además, 29 municipios se encuentran en alerta roja o “alta carga”, entre ellos Mixco, Amatitlán, Villa Canales y Chinautla, de acuerdo con el mapa epidemiológico con corte al 6 de diciembre.
En el análisis por departamento, Guatemala ya había mostrado esta tendencia en el 2024, cuando registró el mayor número de casos acumulados a nivel nacional: 4,403, con una tasa de 138.34%.
En cuanto a la mortalidad asociada a la desnutrición aguda, durante la misma semana epidemiológica se contabilizaron 54 muertes de menores, distribuidas en 17 departamentos. Otros 77 casos están en investigación. Huehuetenango reportó nueve fallecimientos, seguido de Alta Verapaz y San Marcos, con siete cada uno. En el municipio de Guatemala se registraron dos casos.
tendencia urbana
La desnutrición aguda se define como la pérdida de peso corporal o el estancamiento en la ganancia esperada durante el crecimiento infantil. Sus principales causas son la insuficiencia alimentaria prolongada o la recurrencia de enfermedades respiratorias, intestinales o congénitas.
Claudia Illescas, nutricionista y epidemióloga del MSPAS, aclara que muchos de los casos reportados en el municipio de Guatemala no corresponden necesariamente al lugar de residencia de los menores, sino al de atención médica, principalmente en hospitales de referencia como el Roosevelt o el San Juan de Dios.
Sin embargo, reconoce que los reportes elevados en municipios como Villa Nueva o San Juan Sacatepéquez responden a una causalidad urbana compleja. “Muchas familias migran hacia zonas densamente pobladas en busca de mejores oportunidades laborales, lo que las lleva a vivir en áreas con altos niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. El empleo informal, el hacinamiento y la migración interna inciden directamente en esta problemática”.
Illescas subraya que el hambre urbana marginal se diferencia de la rural por causas estructurales, como la desigualdad social y la falta de acceso sostenido a servicios básicos. Añade que, aunque la mayoría de los casos en el departamento de Guatemala son moderados, la carga es elevada debido a la densidad poblacional y al mayor monitoreo de crecimiento infantil en centros de salud como Villa Nueva, lo que incrementa la detección.
Hipótesis en análisis
Marlon Figueroa, asesor técnico del Viceministerio de Atención en Salud del MSPAS, coincide en que la desnutrición aguda moderada se ha urbanizado. Señala que desde hace varios años existe una ficha epidemiológica que caracteriza esta situación, aunque aún se trabaja con hipótesis.
“Hay una mayor concentración poblacional en las ciudades por la búsqueda de empleo, pero también es importante destacar que en el 2024 se reportó una tasa de recuperación del 80% en niños atendidos”, afirma.
Detalla que el MSPAS ha implementado acciones como la detección temprana de casos, un protocolo interinstitucional en 55 municipios priorizados y el programa de asistencia alimentaria del Ministerio de Agricultura, cuyo tiempo de espera se redujo de ocho meses a un promedio de meses y medio.
Además, el Ministerio de Desarrollo aporta el Bono Nutrición, que consiste en una transferencia monetaria de Q500 durante seis a ocho meses para familias en riesgo, así como el Bono Salud, destinado a incentivar la asistencia a centros de salud.
Figueroa asegura que la estrategia Ventana de los 1,000 Días ha intensificado acciones en los municipios con protocolo, como brigadas integradas de salud y nutrición, monitoreo del crecimiento, intervenciones preventivas y curatiLa mayvas, así como la articulación interinstitucional para garantizar el acceso a alimentos.
Uno de los principales desafíos es fortalecer el monitoreo comunitario. “Si las familias no acuden a un centro de salud, deben realizarse visitas domiciliarias para lograr detecciones tempranas. Además, se actualizó el protocolo de recaída para dar seguimiento a los casos, ya que muchos niños, por el contexto de pobreza, vuelven a caer en desnutrición aguda”, señala.
Paradoja urbana
Jorge Pernillo, nutricionista y experto en seguridad alimentaria, describe una paradoja: el departamento de Guatemala concentra la mayor cantidad de personal de salud y nutricionistas, lo que permite un mayor monitoreo e identificación de casos, a diferencia de zonas rurales con menor cobertura profesional.
Entre las causas se menciona la afectación emocional de las madres, la baja calidad nutricional de las dietas y el posible endeudamiento familiar. “Los puestos de salud esperan que las familias acudan, pero en los municipios urbanos hasta el 70% de las madres, además de pasar hambre, presentan afectaciones emocionales. Esto sugiere que el abordaje debe ser integral e incluir salud mental”.
Añade que, aunque las madres lactantes podrían consumir suficientes calorías, la calidad nutricional es deficiente. “Se priorizan carbohidratos y grasas por su bajo costo, en lugar de proteínas y micronutrientes esenciales. Los alimentos ultraprocesados suelen ser más baratos que los frescos, lo que agrava la mala calidad nutricional en las ciudades”, comenta.
Respuesta reactiva
Bel Meneses, directora ejecutiva de Fondo Unido y exintegrante del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan) por el sector privado, advierte que, aunque las cifras deben analizarse en relación con el tamaño poblacional, no debería registrarse una carga tan alta en centros urbanos, ni en regiones con alta productividad agroindustrial como la Costa Sur.
A su parecer, el hambre en municipios con aparente riqueza es consecuencia de la migración interna, el aumento del costo de vida y salarios insuficientes. “Las familias deben cubrir el alquiler, los servicios y el cuidado de los niños, lo que reduce su capacidad para adquirir alimentos nutritivos”, afirma.
Meneses recuerda que la Conasan aprobó un protocolo de atención interinstitucional para identificar y atender casos, pero considera que es insuficiente. “Es una respuesta reactiva. La prevención es la clave para salir de esta crisis. Los protocolos actuales atienden la emergencia, pero no resuelven el problema de fondo”, enfatiza.
Desafíos pendientes
Analistas coinciden en que la desnutrición aguda en áreas urbanas representa un desafío creciente, mientras las acciones estatales continúan más enfocadas en la reacción que en la prevención.
Figueroa señala que, por ahora, solo las direcciones departamentales establecen metas físicas de atención, aunque recientemente la Conasan aprobó el Plan de la Lucha contra la Malnutrición 2025-2028, con metas de reducción de casos y mortalidad infantil, además de protocolos actualizados de recuperación.
Respecto del presupuesto, aunque el MSPAS contará con una mayor asignación en el 2026, aún no se confirma si el Programa 14 —orientado a la prevención de la mortalidad infantil y desnutrición— recibirá más recursos. “El enfoque es reordenar fondos para adquirir equipo antropométrico, fortalecer el monitoreo del crecimiento y ampliar el recurso humano especializado en nutrición”, concluye.
Pernillo considera que falta contundencia y liderazgo del Gobierno central para asumir esta problemática. A su criterio, la Ley de Seguridad Alimentaria requiere reformas, y el presidente Arévalo y su gabinete deben asumir esta situación como una prioridad nacional, fortaleciendo la gobernanza y agilizando la ejecución presupuestaria.
Meneses coincide y propone declarar una situación de emergencia. “Se necesita liderazgo político y decisiones firmes para abordar la desnutrición aguda y crónica. Un solo niño con desnutrición debería movilizar todos los esfuerzos del Estado”.
presupuesto
- El Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasan) 2025 cuenta con un presupuesto vigente de Q13,805,213,801.31, distribuido entre 13 entidades gubernamentales y cinco descentralizadas. Hasta el 30 de noviembre, la ejecución alcanzaba el 75,18%.
- Después de Educación y Comunicaciones, la cartera de Salud maneja un presupuesto vigente de Q2,277 millones del Poasán. Parte de estos recursos se destinan al Programa 14, enfocado en la prevención de la mortalidad infantil y desnutrición crónica, con una asignación vigente de Q1,061 millones.
- Dentro de este programa se encuentra el diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda, con un presupuesto vigente de Q55.6 millones y una ejecución del 80.94%.
Fuente: Poasán 2025
